La señora Livia Ramírez recibía la mitad de su sueldo durante dos años de trabajo. Foto: Eduardo Terán / EL COMERCIO
Durante seis años de trabajo, Víctor León ganó al mes USD 50, pero según su contrato debía recibir el salario básico. En ese tiempo tampoco gozó de vacaciones, ni estuvo afiliado al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.
A Livia Ramírez le pagaron la mitad de su sueldo durante dos años de trabajo. Le recomendaron que no se quejara porque le hacían un “favor” al contratarla pese a su discapacidad física.
Sus casos no son aislados. Las historias de Víctor y Livia son parte de las 66 291 demandas laborales que trabajadores plantearon a través de la Defensoría Pública en los dos últimos años, en el país.
Solo en el 2014, 43 431 personas presentaron juicios contra sus empresas o empleadores. El 62% (26 786) fueron hombres y el 38%, mujeres. Eso significa que cada día 119 personas demandaron sus derechos laborales.
Los motivos van desde despidos intempestivos, por impago de liquidaciones, solicitud de reintegro al puesto, abusos, arbitrariedades y discriminación.
Esta última situación fue la que vivió Livia en una óptica. En el 2010 fue contratada para el área de bodega. Por su discapacidad física que supera el 75% se le permitió trabajar en casa. Su labor consistía en quitar las lunas de los armazones. Era una tarea que le ocupaba más de ocho horas al día, pero al final del mes solo recibía USD 120. Incluso los fines de semana trabajaba hasta el mediodía y nunca tuvo vacaciones.
A pesar de que casi nunca iba a la oficina, ya que es difícil para ella movilizarse en su silla de ruedas, las veces que reclamó por el pago completo de su trabajo le insinuaban que la despedirían.
En ese entonces, su hijo empezaba el colegio y necesitaba el dinero para mantenerlo. “Lo más duro fue sentir el desprecio de la gente, que me decían que por mi enfermedad debía agradecer y no quejarme”, comenta. A pesar de que enfrenta una la poliomielitis y escoliosis, dos enfermedades degenerativas, siempre ha buscado la forma de criar a su hijo y darle una buena educación.
A veces, el dinero que recibía no le alcanzaba para sus medicinas ni para su comida. Su padre la ayudó a mantenerse. También le recomendó que presente una demanda laboral. Incluso él visitó la óptica y pidió una copia del contrato, pero nunca le dieron. Su padre guardó las copias de los roles de pago para comprobar que a su hija no recibía el trato justo. Con esos documentos presentó una demanda judicial en abril del 2013, pero la sentencia llegó un año después.
Para el abogado Marcelo Sierra, un juicio de trabajo puede durar desde cuatro meses hasta cinco años, si es que los empleadores alargan el proceso con trabas luego de una primera sentencia.
“La apelación es un derecho que tienen las empresas demandadas, pero hay casos en que la apelación no tiene fundamento y las empresas buscan ese recurso para demorar los pagos a los trabajadores”.
Los antiguos jefes de Livia alargaron el proceso en apelaciones e intentaron probar que la mujer nunca estuvo sujeta a dependencia directa de la empresa y que supuestamente no tenía un horario de entrada ni de salida. En abril del 2014, recibió una sentencia que ordenaba a la óptica cancelar USD 5 285 por su despido intempestivo y por todo el tiempo que no recibió el salario básico más intereses. Dos meses después le cancelaron la deuda.
En cambio, el juicio de Víctor lleva tres años y todavía no se soluciona. Recuerda que a inicios del 2006 un amigo le comentó que en una empresa había una vacante para cuidar antenas y el contrato incluía una casa junto a la estructura metálica.
En ese tiempo, Víctor se ganaba la vida limpiando carros. Recibía el sueldo básico, que solo le alcanzaba para cubrir el arriendo y las medicinas de su hijo, quien nació con una mal formación en la uretra.
Cuando le avisaron del empleo pensó que podría ahorrarse el dinero del arriendo y así ayudar a su hijo, quien desde los 10 días de nacido quedó a su cuidado, luego de que su esposa los abandonara.
El padre aceptó el puesto, le iban a entregar el salario básico que en ese entonces era de USD 160. Además era menos desgastante que lavar vehículos. Luego del primer mes recibió solo USD 50, el resto le dijeron que le cancelarían en cheque. En el primer mes de trabajo, se mudó junto a la antena, en la Loma de Puengasí, en el oriente de Quito. Se dedicó a cuidar el lugar desde las 08:00. Deshierbó los alrededores de la antena y mató las plagas. Su trabajo continuaba durante la noche e incluso las madrugadas cuando se metían ladrones y debía estar alerta.
Pensó renunciar cuando reclamaba el pago del cheque y le decían que faltaba una firma, que le iban a dar después o cualquier pretexto. Pero su hijo necesitaba una operación, medicinas y terminar sus estudios en el colegio. Por él soportó seis años de trabajo. Al año solo recibía USD 600.
En el 2012 renunció y planteó una demanda por indemnización. Pero como no tenía dinero buscó un abogado gratuito. El defensor público, Pablo Valdivieso, estuvo a cargo de su caso.
Valdivieso constató con que Víctor trabajaba desde las 05:00 hasta las 21:30 de lunes a domingo. Además que desde julio hasta noviembre del 2012 no recibió ningún pago y nunca percibió los décimos tercero y cuarto sueldo por parte de la empresa. Además no estaba afiliado al seguro social.
La sentencia de su caso llegó en el 2014. El juez fijó que la empresa debería pagar a Víctor USD 19 560 pero él no todavía no ha visto un centavo de ese dinero, porque la empresa se niega a cancelarle. “Sigo en la lucha, yo sé que se está haciendo justicia”, dice. Su hijo, que lleva el mismo nombre, tiene ahora 18 años y en toda su vida se ha sometido a 17 operaciones en la uretra. Sin embargo, tiene una discapacidad física del 75%.
Víctor todavía vive junto a la antena, sin dinero ni trabajo no tiene a dónde ir. Cuando reciba su liquidación dice que quiere invertir en la universidad de su hijo. Su mayor sueño es que sea un profesional, como él no pudo. El resto del dinero lo guardará en un fondo para su vejez. Pero por ahora todavía son solo sueños.