25 de octubre de 2018 00:00

Ecuador no intercederá por Julian Assange, tras su demanda

El abogado español Baltasar Garzón es otro de los juristas que  impulsa el pedido de en favor de Julián Assange. Foto: Patricio Terán / El Comercio

El abogado español Baltasar Garzón es otro de los juristas que impulsa el pedido de en favor de Julián Assange. Foto: Patricio Terán / El Comercio

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Andrés García

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En la acción de protección que interpuso la defensa de Julián Assange en contra del Gobierno, el fundador del portal WikiLeaks se presenta con un doble estatus: ecuatoriano y también asilado.

Hoy a las 09:00 se realizará la audiencia con la que Julián Assange busca la suspensión de un protocolo (expedido el pasado 13 de octubre) que le entregó Ecuador para visitas y comunicaciones en su sede diplomática en Londres, donde está asilado desde el año 2012.

A la diligencia judicial fueron convocados el canciller, José Valencia, y el procurador del Estado, Íñigo Salvador. Valencia no podrá acudir debido a que a la misma hora arribará el presidente de Perú, Martín Vizcarra, en el marco de su visita oficial por la conmemoración de los 20 años de la paz. La Cancillería enviará un equipo jurídico para el caso.

Valencia adelantó que el Estado ya no ejecutará en adelante ninguna acción adicional ante Reino Unido, para buscar una salida al asilo del ‘hacker’ australiano. “Nosotros no somos ni abogados del señor Assange ni tampoco somos representantes del Gobierno británico, es una relación directa que existe entre Assange y Gran Bretaña”, manifestó.

Carlos Poveda, representante legal de Assange, calificó esta postura como una “retaliación”. “No puede existir indiferencia cuando de por medio existen obligaciones internacionales”, respondió vía Whatsapp el abogado.

Poveda agregó que Assange cuenta con nacionalidad y también con una cédula ecuatoriana. Aun así, en el sistema de consulta en línea del Registro Civil consta el nombre de Julián Paul Assange y en su condición aparece “INSCRIPC AS400”. Esto se refiere a una inscripción tardía, que se habría realizado en el sistema de identificación que el Registro Civil reemplazó hace una década, porque no prestaba todas las garantías para el proceso de cedulación. Ahora se emplea el sistema Magna.

En el lugar de inscripción y de domicilio consta como Pichincha, Quito, Chaupicruz. Sin embargo, una inconsistencia, según fuentes consultadas, es que no consta una fecha de expedición de la cédula, pero sí de expiración: 21 de diciembre del 2017, la misma fecha en que el Londres no dio el beneplácito para reconocerlo como diplomático ecuatoriano.

José Cabrera, vocal del Consejo Nacional Electoral (CNE)transitorio, señaló que cuando una persona obtiene su cédula como nacionalizado, esa información se refleja en el registro de personas para elaborar el padrón electoral. Pero esto no ocurre en este caso.

Para Cabrera, otro indicio que pone en duda la presunta cédula de Assange es que no consta en el padrón electoral, que se elabora con base en el registro de personas ecuatorianas, que envía el Registro Civil al CNE.

Al ser consultado al respecto, Poveda aseguró que “hay ocasiones que no registran o se empadronan”.

Hoy, la defensa de Assange presentará como pruebas: un comunicado del excanciller Ricardo Patiño (durante el gobierno de Rafael Correa), en el que se le restringen las comunicaciones, opiniones del Grupo de Trabajo de detenciones arbitrarias del año 2015, una Opinión Consultiva 25/18 de la Corte Interameri­cana de mayo del 2018, el Protocolo y un informe médico del año 2018.

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