En Quito, la sucursal del banco, en la av. Amazonas, amaneció cerrada el 22 de marzo. Foto: Archivo / EL COMERCIO
Nicolás Brito Grandes viajaba en la Metrovía con su esposa cuando vieron a una persona de la tercera edad e intentaron cederle el asiento. Pero el hombre se negó a ocuparlo, los vio de frente y volteó para caminar hasta el siguiente vagón y ubicarse al fondo del bus articulado, en Guayaquil.
Eso ocurrió hace cuatro años en un trayecto del centro al sur de la ciudad. El hombre era Fernando Aspiazu Seminario, el exdueño del Banco del Progreso. Cruzaron miradas y no hablaron. Desde entonces no lo ha vuelto a ver, pero volvieron los recuerdos de los días en que le gritaba ‘criminal’.
La mañana del lunes 22 de marzo de 1999, Brito se encontraba frente al televisor. Atónito escuchó que Aspiazu anunciaba el cierre del banco. El mensaje era que supuestamente las autoridades económicas no lo apoyaban y no podía cumplir con los clientes.
Ese día se sumó, como miles de clientes, a una masiva marcha para defender al banco, que la encabezó Aspiazu, y que terminó en el Municipio.
Veinte años después, Brito (56 años) dice que el mayor accionista del Progreso les mintió. “Aspiazu fue víctima de su propia ambición, no del regionalismo como decía”.
Él, un modesto electricista, dirigió durante años un Comité de Clientes del Progreso que peleaba con las autoridades económicas y la desaparecida AGD. El 30 de noviembre de ese año se formó el grupo con 400 clientes.
Habían depositado en sucres y “se hicieron polvo” con la dolarización, que entró en vigencia el 9 de enero del 2000, en el gobierno de Jamil Mahuad.
El banco tenía 740 000 clientes. Había el antecedente que el 8 de marzo (99), el Gobierno decretó un feriado bancario de cinco días y el posterior congelamiento de fondos por un año.
El banco entró a un proceso de reestructuración y los accionistas no pudieron cumplir con la recapitalización por los altos niveles de insolvencia.
El Progreso pasó a finales de marzo a saneamiento cerrado. Destituyeron a los administradores, los accionistas perdieron derechos y el control de las operaciones pasó a la AGD.
Una auditoría registró un patrimonio negativo de USD 768 millones, equivalente a la pérdida de 8 veces su capital, que era de USD 100 millones, con corte al 31 de marzo de 1999.
En Guayaquil, el 22 de marzo, la marcha en defensa del banco llegó hasta el Municipio. Foto: Archivo / EL COMERCIO
Los créditos vinculados con administradores y accionistas sumaban USD 550 millones, el 60% de su capital. Entre las beneficiadas estaban Electroecuador, El Telégrafo, canal SíTV y otras del banquero.
En esa época, Aspiazu era reconocido como uno de los empresarios más ricos del país, vinculado a la banca, negocios inmobiliarios, de electricidad, medios de comunicación y hasta dirigente de fútbol.
El 8 de abril de 1999 se realizó la Marcha de los crespones negros, liderada por los dirigentes de las Cámaras de la Producción de la Costa. Joyce de Ginatta, entonces presidenta de la Cámara de la Pequeña Industria del Guayas, estaba en primera fila. Ahora dice “no era para respaldar a los banqueros”. Sino que tenía como objetivo exigirle a Mahuad que rectificara en el manejo del país y presentarle lo que llamaban ‘las 7 coherencias’. Ella impulsaba la dolarización.
Brito colocó una póliza de 100 millones de sucres. Los planes eran montar un negocio de exportación de piezas de tagua, pero eso se frustró.
Recuperó USD 4 000 en diciembre del 2000. Pero seguía de dirigente. Años después hizo opinión en radio y fue candidato a diputado de Guayas.
Janeth Murillo (60 años) estaba en el comité. Tenía depositados 700 millones de sucres y su hermana, 300 millones. Su negocio de venta de artículos varios se desplomó y no tenía cómo mantener a su hijo pequeño. Menudita, envejecida e inconforme, recuerda que les iban pagando cada tres meses USD 500. Eran días sin “un centavo, era para volverse loca”. Dice que la historia no ha terminado 20 años después. Los intereses de los depósitos no les pagaron. “Hubo gente que murió y no vio su dinero”.
Este Diario solicitó al Banco Central y a la Superintendencia de Bancos un detalle de los bienes recuperados del Progreso, qué pasó con estos y el número de depositantes y los pagos totales que se realizaron, pero hasta el cierre de la edición no llegó la información.
Gloria Sabando, exsuperintendenta de Bancos, señala que se pagó todo y que en caso de quiebra bancaria los acreedores no tienen derecho a intereses. Ella fue destituida por la Asamblea en enero del 2011 por supuesta negligencia en la ejecución de la jurisdicción coactiva para tomar el control de bienes de los exbanqueros.
En el 2012 un examen especial de la Contraloría al finiquito de la liquidación de los bancos cerrados señaló una pérdida patrimonial del Progreso de USD 997 204 222,66.
La deuda pendiente
Aspiazu cumplió una pena de 7 años y 5 meses por el delito de peculado. Se le aplicó la pena mayor que era de 9 años y se benefició con las rebajas que establecían las leyes. Cuando salió en libertad, en diciembre del 2006, su abogado Francisco Ycaza Navas explicó que se presentaron 200 denuncias en su contra, de las cuales 185 fueron desechadas. De las 15 restantes se acumularon 10 que se encontraban ya ejecutoriadas.
En junio del 2009 la Unidad de Gestión y Ejecución de Derecho Público (Ugedep) presentó una demanda contra Aspiazu para que pagara USD 888,6 millones. Pero como no lo hizo fue declarado insolvente por un juez civil en el 2012.
Los últimos escritos del proceso, hasta el 2017, señalan que “queda en interdicción”, es decir que un síndico de quiebras se haría cargo de sus bienes.
Henry Raad menciona que Aspiazu apostaba a las empresas que quería comprar porque tenía liquidez. “Tenía esa prepotencia de comprarlo todo; pero lo pagó con creces. No digo que sea inocente, quebró y perdió todo por la codicia”. A diferencia de otros banqueros enfrentó a la Justicia. Raad era gerente de El Telégrafo cuando en 1996 el exbanquero compró el diario al grupo Antón.
En los últimos años, Aspiazu era un asiduo comprador en un comisariato cerca de su domicilio en un barrio del sur. Pero hace cuatro meses ya no va, los taxistas recuerdan que le hacían la carrera, caminaba lento, hablaba poco y el 10 de enero pasado cumplió 84 años.
Los hechos más destacados de la caída del banco
22 de marzo de 1999
El alcalde León Febres Cordero exigió la intervención del Gobierno. También frenó las voces que coreaban la “independencia” de la urbe.
3 de julio
El banco fue intervenido a pocos días del vencimiento del plazo para capitalizar a la entidad. Aspiazu no perdió el control y se nombró un interventor.
13 de julio
Aspiazu fue detenido tras un operativo policial-militar, en la Corte de Justicia de Guayaquil, donde había acudido a una diligencia. Fue trasladado a Quito.
9 de agosto
Los clientes con depósitos a plazos podían cobrar los intereses de sus inversiones. 398 000 clientes debían cobrar en Filanbanco o Continental.
