Una reunión virtual del Comité Ejecutivo de la AME, por la emergencia sanitaria. Foto: Cortesía Asociación de Municipalidades del Ecuador
Los alcaldes compartirán con el Gobierno el peso político del manejo de la crisis sanitaria por el covid-19.
Al haber sido delegados para que decidan el cambio de la etapa de aislamiento a la de distanciamiento social, los municipios serán responsables de la forma cómo se manejará la emergencia sanitaria, desde este 4 de mayo del 2020.
El presidente de la República, Lenín Moreno, dispuso la noche del domingo 26 de abril que los gobiernos municipales resuelvan pasar al sistema de semáforos: rojo, amarillo y verde. Actualmente, el semáforo rojo, que comprende todas las restricciones de movilidad, está vigente en todo el territorio hasta el 3 de mayo.
El constitucionalista Juan Francisco Guerrero analiza que detrás de esta delegación también hay un trasfondo político. “Yo creo que lo que se busca es que el peso de las decisiones sobre esta emergencia se comparta con los alcaldes, que también se responsabilicen”.
Jurídicamente, la entrega de esta competencia es viable y posible, porque estamos en un estado de excepción, dice Guerrero. Esto significa que el presidente Moreno tiene todas las facultades para hacer esta delegación.
En ese contexto, el Presidente puede dictar un decreto o hacer una modificación al Decreto 1017 del estado de excepción, emitido el 16 de marzo del 2020 para entrar a la cuarentena.
Pero tiene que hacerlo esta semana para que los alcaldes tengan legitimidad y puedan actuar desde el 4 de mayo.
La sesión virtual es del 8 de abril del 2020. Foto: Cortesía /Asociación de Municipalidades del Ecuador
Esta delegación tiene otros argumentos jurídicos: la competencia de riesgos, que fue otorgada a los gobiernos municipales; el artículo 390 de la Constitución y el pronunciamiento de la Corte Constitucional sobre el Decreto 1017.
Alexandra Ocles, titular del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias, explica que esa competencia está estipulada en el artículo 140 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad).
Esta norma se refiere a la gestión de riesgos y a las acciones de prevención, reacción, mitigación, reconstrucción y transferencia que deben tomarse para enfrentar amenazas de origen natural y antrópico. “Los gobiernos autónomos descentralizados municipales adoptarán obligatoriamente normas técnicas para la prevención y gestión de riesgos en sus territorios con el propósito de proteger las personas, colectividades y la naturaleza, en sus procesos de ordenamiento territorial”, se establece la Ley.
Para Ocles, en la actual situación que vive el país todos los niveles de gobierno tienen un tipo de responsabilidad. “Por eso les estamos planteando que actúen a través de los Comités de Operaciones de Emergencia (COE) cantonales que es un espacio multidisciplinario que les permite a los alcaldes poder tener todos los insumos técnicos necesarios para decidir la forma de intervenir”.
El artículo 390 de la Constitución establece que “los riesgos se gestionarán bajo el principio de descentralización subsidiaria, que implicará la responsabilidad directa de las instituciones dentro de su ámbito geográfico”.
Guerrero explica que igualmente tiene el pronunciamiento de la Corte Constitucional que avaló la delegación que el presidente Moreno hizo al Comité de Operaciones de Emergencia nacional, para manejar la emergencia sanitaria.
La ministra de Gobierno, María Paula Romo, anunció en la cadena nacional de este lunes 27 de abril que se va a ampliar el decreto del estado de excepción y se va a añadir más disposiciones, como la delegación a los ayuntamientos. Ella habla de recurrir al concepto de las competencias concurrentes o de corresponsabilidad, para pasar a la etapa del distanciamiento social, tras 49 días de cuarentena.
El jurista Guerrero piensa que apelar a las competencias concurrentes es una interpretación. Este concepto se aplica para cuando dos niveles de gobierno son competentes para una misma cosa y en este caso puntual de la delegación a los municipios solo existen competencias diferenciadas. Es decir, el Ejecutivo y los gobiernos municipales tienen competencias diferenciadas.
Otro constitucionalista, Jorge Benavides, considera factible esta delegación. Para él, la principal discusión es la asignación de recursos para que los municipios asuman esa competencia. Hay algunos gobiernos más grandes que sí podrán hacerlo, pero otros más pequeños no tienen las mismas posibilidades.
Según la ministra Romo, se hará un acompañamiento a los municipios pequeños, que son mayoría (más de 150), desde el gobierno y los COE provinciales y nacional.
Según el alcalde de Paute y presidente de la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME), Raúl Delgado, “es un tema que los alcaldes también lo analizan y están buscando las estrategias para cuando se llegue a la normalidad”.
En esta semana la AME tendrá una reunión con los alcaldes para analizar la decisión del Gobierno y cómo enfrentarla.
