Hace varias semanas lideraba las encuestas y se daba como un hecho su reelección en medio de un panorama económico favorable. Pero ahora la posibilidad de que Juan Manuel Santos sea derrotado en los comicios presidenciales de Colombia, cuya primera vuelta será mañana, ha crecido en los últimos días.
La economía, uno de los factores básicos para medir el resultado de un Gobierno, parece darle una buena calificación a los casi cuatro años de gestión de Santos. A esto se suma la posibilidad de que, por primera vez en cinco décadas, el país puede empezar a dejar atrás el conflicto armado interno.
Sin embargo, el líder de la coalición gobernante de centroderecha Unidad Nacional -formada por el Partido Social de Unidad Nacional, el Partido Liberal y Cambio Radical, así como un sector del Partido Conservador-, afronta problemas desde hace rato para mantenerse bien en las encuestas.
Una balanza positiva
Santos, economista y periodista, puede presentar un balance favorable en la reducción de la pobreza, del desempleo, la inflación y el déficit fiscal, así como en un aumento del Producto Interno Bruto y en la recaudación de impuestos.
La economía colombiana ha crecido en los últimos cuatro años en un promedio del 4,5%, un buen nivel si se compara con países de la región, mientras que la inflación en el 2013 cerró en 1,94%, la cifra más baja en medio siglo.
Asimismo, el déficit del Gobierno central terminó el año pasado en un 2,4% del PIB, en tanto que el índice del desempleo en marzo pasado bajó al 9,7%, frente a la cifra de 10,2 del mismo mes del 2013. Según un estudio de la Universidad de Los Andes, en los tres últimos años el 21% de las familias urbanas salió de la pobreza, mientras que el 54% de las personas que estaban sin trabajo en ese entonces ahora tienen empleo.
Además de las cifras económicas, otro de los factores que teóricamente podría beneficiar a Santos es el proceso de paz con las FARC, que se cumple desde finales del 2012 en Cuba y ha avanzado hasta donde nunca antes había llegado una negociación.
Las partes ya han alcanzado acuerdos en los tres primeros puntos de la agenda, sobre desarrollo agrario integral, participación en política de los guerrilleros desmovilizados y solución al problema de las drogas, lo que pone al país no muy lejos de un acuerdo de paz.
Sin embargo, buena parte del país siente simpatía por las ideas del expresidente Álvaro Uribe (2002-2010), quien tras promover la candidatura de Santos como su sucesor se sintió traicionado por este, entre otras cosas, por el inicio de los diálogos de paz.
Uribe siempre ha defendido la vía de la derrota militar de la guerrilla y esa tesis es enarbolada por Óscar Iván Zuluaga, el candidato del partido de derecha radical Centro Democrático, que dirige el exjefe de Estado. Zuluaga afirmaba hace algunos meses que rompería el proceso de paz de ser elegido presidente. Ahora ha moderado su discurso, aunque dice que lo suspenderá para poner condiciones a las FARC como un compromiso para no volver a cometer ataques.
El candidato del Centro Democrático empató hace varios días a Santos en la intención de voto e incluso apareció en una encuesta como triunfador en una segunda vuelta en junio.
En medio de las dificultades de su candidatura, Santos ha reforzado el mensaje en el sentido de que solo su Gobierno podrá terminar con éxito el proceso de paz, escenario en el que, afirma, Colombia lograría un desarrollo mucho más veloz. Según César Caballero, director de la firma encuestadora Cifras y Conceptos, al presidente lo ha afectado en gran medida una denuncia de Uribe en el sentido de que a su anterior campaña del 2010 llegaron dos millones de dólares de narcotraficantes.
Según observadores, la imagen del Jefe de Estado también se ha visto afectada por una huelga que protagonizan desde hace algunos días cultivadores de varios productos agrícolas, que para el Gobierno tiene motivaciones políticas, pues fue convocada desde diciembre pasado, aún a sabiendas de que en mayo eran las elecciones.
Un total de 32 975 158 ciudadanos está habilitado para votar mañana, en una jornada por cuya seguridad velarán
246 000 policías y militares.