Dueños de casas e inquilinos se enfrentan en largos litigios

Esperanza Lozano inició un juicio, pero este no prosperó. Foto: FOTO: Diego Bravo / EL COMERCIO

Esperanza Lozano inició un juicio, pero este no prosperó. Foto: FOTO: Diego Bravo / EL COMERCIO

Esperanza Lozano inició un juicio, pero este no prosperó. Foto: FOTO: Diego Bravo / EL COMERCIO

En un año, el inquilino pagó solo un mes de arriendo. Los dueños le pidieron que se marchara y hasta lo demandaron, pero nada sirvió. El inquilino solo decía que estaba desempleado y así esquivó las dos órdenes de desalojo que llegaron.

Los propietarios perdieron la batalla en enero pasado. Le perdonaron los 12 meses de renta e incluso cancelaron USD 50 para que un camión llevara sus enseres a otra vivienda. “Solo así aceptó irse”, relata Alexandra, la hija de los dueños de casa, una pareja que ronda los 70 años.

Sin embargo, la propiedad estaba “destrozada”. El inodoro quedó tapado, las paredes sucias y había basura por todas partes. “No aseaba el departamento. Era una pestilencia...”.

Con Esperanza Lozano ocurrió igual. Tiene 64 años. Alquiló su departamento en el centro de Quito a una mujer que viajó a EE.UU. sin avisar y dejó allí sus enseres durante un año.

En ese tiempo, la dueña de casa no recibió dinero por el alquiler y comenzó un juicio que no prosperó. Al final, los parientes de quien ocupaba el inmueble retiraron las cosas. Luego de ese incidente, Lozano decidió no arrendar más y ahora ella ocupa ese departamento.

Justamente, los juicios de inquilinato son un tema que se analiza en la Asamblea, pues es parte de las reformas al Código de Procesos. El debate final de esa propuesta legal se retomará este jueves y la idea es dar un giro a todos los litigios civiles.

Hoy, un juicio de inquilinato puede demorar hasta dos años y la idea es reducirlo a 120 días. En el 2012, los legisladores intentaron reformar la actual Ley de Inquilinato. En ese entonces se dijo que los litigios eran “procesos eternos” y que con la reforma se “intentará disminuir el largo y tortuoso camino de la justicia de inquilinato”. Pero en el 2013 el presidente Rafael Correa vetó totalmente la reforma y la consideró “un mamotreto”.

Mientras se aprueben las leyes, los vecinos cuentan lo que ha sucedido en sus casas.

María y su esposo dicen que una inquilina se negó a salir de un local. El litigio duró un año. Cuando el juez emitió la orden de desalojo, la mujer desapareció, pero dejó destruido el inmueble. “Rompió el vidrio externo, arrancó las lámparas...”. La arrendataria pasó nueve meses en el local, pero los tres últimos no pagó. “Nos decía que la ayudáramos, que le diéramos plazo…”. Perdieron USD 100. Además invirtieron otros USD 2 000 en la reparación del local.

Los inquilinos también tienen quejas. Hablan de problemas con la luz y el agua. Otros cuentan que no se les permite tener refrigeradoras, lavadoras o que son cuestionados por lavar “demasiada ropa”. También reportan líos por ser impedidos de ingresar a ciertas horas de la noche.

Otros, en cambio, aseguran que les ofrecieron parqueadero, pero que no existe, que no les devuelven la garantía, pese a que “todo quedó bien”.

Casos así llegan a los jueces. Carlos Palacios, de 64 años, cuenta que una inquilina le debe dos meses de arriendo de una casa de Carapungo (norte de Quito). Tampoco paga el agua y la electricidad. “Dice que no tiene dinero. Nos dieron USD 200 de garantía y con eso cobraremos una parte de lo que nos debe”.  

También le rompieron los vidrios de la puerta de ingreso. Él tiene previsto que en esta semana la mujer desaloje la vivienda y pedirá ayuda a la Policía. Solo espera que desocupe pronto el inmueble para evitar el juicio y no gastar dinero en abogados.  

Patricia Viteri, jueza de la Unidad Judicial de Inquilinato-Quito, señala que hasta allí llegan sobre todo casos de mora en el pago del alquiler (80% juicios). El otro porcentaje son litigios por la devolución de la garantía, daños causados en el inmueble, subarrendamientos y desahucios por transferencia de dominio.

Este último recurso usó Miguel. En el 2013 compró una casa, pero no puede usarla. Como funcionaba como burdel está clausurada. El juicio para poder entrar lleva meses.

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