Hace pocos días, en tono de broma pero con afecto, le decía a un buen amigo que ocupa un alto puesto en la Dirección de Educación de un gobierno seccional, que pronto no le dirán “doctor Pedrito” sino “arquitecto Pedro” ya que de ser aprobado por la Asamblea Nacional tal cual está el Art. 48 del proyecto de la nueva Ley de Educación General, los municipios deberán desmontar sus Departamentos de Educación para crear oficinas de construcciones escolares; tendrán que cancelar a pedagogos para contratar arquitectos, maestros mayores y albañiles y dejarán de pensar en educación para arreglar y pintar las escuelas con los planos y las órdenes que les venga del Ministerio.
¿Qué dice el Art. 48? Que los municipios “ejercerán la competencia de construcción y mantenimiento correctivo de la obra física y dotación de equipamiento de las instituciones educativas públicas, bajo los estándares establecidos por la Autoridad Educativa Nacional en el reglamento respectivo”.
Sobran los argumentos para señalar lo desacertado de semejante disposición que choca con la necesidad de pensar y planificar la educación dentro del desarrollo, de impulsar la corresponsabilidad en el diseño y ejecución de políticas de todos los actores que intervienen en los aprendizajes de la gente, de efectivizar la calidad educativa y de llevar a la práctica una gestión eficiente.
Si la educación es parte sustantiva del desarrollo y si este no solo se lo concibe y planifica en los escritorios de los grandes ministerios, sino con la gente, en el territorio, no me imagino poniendo fuera de este ejercicio a los gobiernos seccionales, a riesgo, por supuesto, de hacer ciencia ficción. Si en los aprendizajes de las personas participan de hecho Estado, familia y sociedad, es incoherente con la realidad dejar fuera de la corresponsabilidad a los gobiernos seccionales que son también parte del Estado.
Si uno de los aspectos claves para que la educación sea de calidad es su pertinencia, esto es su respuesta adecuada al tiempo y al territorio, dejar a uno de los actores fuera de su planificación y gestión es un error grave.
Entonces, si así se dan las cosas, los denominados Gobiernos Autónomos Descentralizados, GAD, serán cualquier cosa menos gobiernos, peor autónomos ni descentralizados.
Ante esto, ¿qué harán aquellos alcaldes, prefectos, presidentes de juntas parroquiales y asambleístas de A. País frente a sus electores, a sus principios y a sus trayectorias generadas en experiencias de participación y descentralización? Menudo problema que pone en tensión la “disciplina partidaria” con el cargo de representación pública y con los valores.
¿Qué haremos nosotros los ciudadanos de a pie? Al menos yo lucharé para no tener que decirle a mi amigo “arquitecto” sino “doctor Pedrito”.