Dimitri Barreto P. Editor de Judicial
Desde la cárcel la obligaron a dejar la escuela. Abandonada, con la responsabilidad de velar por sus hermanas de 7 y 8 años, se dejó guiar por un vendedor de droga del centro de Quito, quien abolió su tiempo de juego y la explotó. Después de cinco meses, la pequeña recibió 4 000 dólares, lo necesario para la fianza de su madre.
La chiquilla de 10 años fue forzada por una mafia a vender cocaína en la calle. El Código de la Niñez protege a los menores. En teoría, responsabiliza al Estado de velar por el goce de derechos de los pequeños, como el derecho a la educación o a crecer en un ambiente sin violencia.
Pero la droga lleva a decenas de niños por la senda contraria. ¿Qué hace el Estado en la práctica? Captura toneladas de narcóticos que iban a EE.UU., pero, al revelar esas operaciones, sus autoridades no escatiman en echar la culpa al norte y en puntualizar que este no es un tema de oferta (producción), sino de demanda (consumo).
Los legisladores están ocupados en estructurar leyes que buscan control (legítimo o ilegítimo). ¿Y la Ley contra el financiamiento del terrorismo y las reformas a la Ley de drogas? Mientras la droga es vista como asunto ajeno, sus tentáculos laceran el corazón de la sociedad: a la niñez.
La edad de consumo de droga en el país se redujo a los 12 años. Lo dice el Estado (Consep), no la prensa corrupta.
La pequeña de 10 años aún es explotada en las calles de Quito; las mafias, su familia y los consumidores (ciudadanos todos) la explotan. Niños consumidores, niños explotados por mafias de la droga. Que el Estado no tenga que encontrarse con niños sicarios, como en la casa de al lado, para que la droga deje de ser asunto de segundo orden.