12 de julio de 2020 00:05

El drama en los juzgados de tránsito es más latente; 54 438 causas están acumuladas en el país

“Estamos endeudados. Cada día que el vehículo pasa en los patios debemos pagar USD 3. Necesitamos solución”

“Estamos endeudados. Cada día que el vehículo pasa en los patios debemos pagar USD 3. Necesitamos solución”. Mónica Achi, Usuaria. Foto: Diego Pallero / EL COMERCIO

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Diego Puente
Redactor (I)

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Las personas entran y salen con carpetas llenas de papeles. En la Unidad Judicial de Tránsito, que funciona en el norte de Quito, todos quieren saber cómo avanzan sus procesos legales. Unos sufrieron choques y otros fueron multados. Ahora esperan una solución.

La afluencia de usuarios no ha parado desde el pasado 11 de junio, cuando el Consejo de la Judicatura dispuso que los funcionarios judiciales retornasen presencialmente a sus labores.

Desde ese día, Mónica Achi y su esposo Manuel Lemache buscan recuperar su auto, que desde el 28 de enero permanece retenido tras una colisión reportada en el sector de La Y.

Es miércoles, 14:30. Él sale de las oficinas. Dice que la boleta para la liberación está lista, que únicamente falta la firma del juez, pero que él ya se fue.

La mujer aprieta los puños y frunce el ceño. Está molesta. Recuerda que el auto estuvo a punto de salir el 17 de marzo.

Ese día debía realizarse la audiencia de conciliación. Estaba fijada para las 08:30, pero uno de los afectados llegó tarde y se suspendió. 30 minutos después, la Unidad de Tránsito quedó cerrada por la pandemia. La gente fue desalojada.

“Ahorita no estaríamos sufriendo esto”, asegura Achi. Tras la crisis todo se paró. Hoy, 54 438 causas están acumuladas en las oficinas de tránsito del país. La mayoría corresponde a este año y al 2019. Pero también hay expedientes rezagados desde el 2017. Las provincias con más casos pendientes son Guayas, Azuay y Pichincha.

Freddy Caiza está en ese grupo. Tiene guardada la boleta de citación que recibió su padre en octubre del año anterior. Debido al aumento de contagios en Quito, él se apersonó del trámite para evitar que su progenitor se expusiera.

“Fue una pérdida de tiempo”, señala a la salida de la Unidad. La apelación a la multa no avanza, pese al lapso transcurrido, y el miércoles no halló al juez. Su padre fue citado por, supuestamente, llevar varillas sin colocar banderines para alertar a otros conductores.

Esta contravención es de cuarta clase y se sanciona con el 30% de un salario y la reducción de seis puntos en la licencia (art. 389 del COIP).

Una amonestación similar recibió Diana Chinchín. Su caso está estancado desde el 6 de marzo, luego de que fuera acusada de presuntamente ejercer taxismo irregular. Esta contravención también es de cuarta clase. Ella impugnó, pues asegura que el agente se equivocó. Hasta el miércoles no tenía una fecha para la audiencia.

En medio de la pandemia, entre el 17 de marzo y el 16 de junio, las unidades de tránsito recibieron 11 410 casos. Unos 4 000 se han resuelto, pues son temas flagrantes y ese servicio nunca se cerró en la crisis. El resto de expedientes se suma a los que están rezagados.

Los jueces de tránsito que operan en la Unidad Judicial, en el norte de Quito, advierten que la capacidad de despacho es menor en comparación con días previos a la emergencia.

Por ejemplo, cuatro magistrados con enfermedades preexistentes únicamente atienden audiencias a través de videoconferencias.

Otros 12 jueces se distribuyen en grupos de tres, para hacer turnos de seis horas cada día. Pero por protocolos de bioseguridad emitidos por el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) tampoco van todos a las instalaciones. Lo hacen pasando un día. El resto del tiempo tratan los trámites desde sus casas.

En las dependencias de tránsito, en el sur de Quito, los funcionarios se alternan para trabajar en un 50%. La Judicatura reconoce que hay menos servidores que despachan de manera presencial a escala nacional, pero aclara que solo cumplen las disposiciones del COE.

Para usuarios como Christian Rueda es necesario mejorar la atención. Su caso está pendiente desde febrero, tras un accidente de tránsito. Su vehículo continúa retenido. Por cada día que su automotor permanece en los patios tiene que pagar USD 3. Además, adeuda USD 45 por la wincha.

Mónica Achi cuenta que además necesita USD 2 000 por el acuerdo con las partes. Con su pareja hizo un préstamo y han vendido algunas pertenencias para costear todo.

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