5 de noviembre de 2019 12:54

Doris Soliz defiende compra de bienes de cooperativa liquidada

La ahora asambleísta se mostró dispuesta a colaborar con las autoridades de la justicia para que se aclare este tema, al tiempo de argumentar que la Corte Nacional desechó una denuncia similar que fue presentada en el 2013 por falta de pruebas.

La ahora asambleísta se mostró dispuesta a colaborar con las autoridades de la justicia para que se aclare este tema, al tiempo de argumentar que la Corte Nacional desechó una denuncia similar que fue presentada en el 2013 por falta de pruebas. Foto: Archivo EL COMERCIO

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Roger Velez
Redactor (I)

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La asambleísta del correísmo Doris Soliz rechazó una denuncia presentada en su contra por la Secretaría Anticorrupción por haber autorizado la compra de bienes a una cooperativa liquidada, cuando en 2014 se desempeñaba como Ministra de Inclusión Económica y Social.

Solis aseguró hoy, martes 5 de noviembre del 2019, que lo que hizo fue aprobar que el Instituto de Economía Popular y Solidaria (IEPS) participara de una licitación pública para la compra de granjas y tiendas de la Cooperativa de Ahorro y Crédito (Coopera) de Azuay, que fue cerrada hace seis años.

“Esto no es peculado. Esto está amparado en la Ley de Economía Popular y Solidaria”, sostuvo Solis, aunque la Secretaría aduce que "aparentemente, no existe base legal que sustente esa transacción".


La ahora asambleísta se mostró dispuesta a colaborar con las autoridades de la justicia para que se aclare este tema, al tiempo de argumentar que la Corte Nacional desechó una denuncia similar que fue presentada en el 2013 por falta de pruebas.

En un comunicado, por su lado, la Secretaría Anticorrupción confirmó que ha entregado una “noticia criminis” sobre este caso solicitando a la Fiscalía General del Estado que investigue a Solis por presuntos delitos contra la administración pública.

“La investigación penal debe esclarecer por qué la máxima autoridad del Ministerio aprobó al IEPS realizar esa transacción”, indicó ese organismo.

La Secretaría también detalló que para esa compra se destinaron unos USD 10,2 millones y que “esta adquisición posteriormente pasó a la cooperativa Prograserviv, organismo de derecho privado creado para el efecto”.

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