Disminución de entre el 11% y el 36%, en marzo y abril del 2020, en pago de pensiones alimenticias

Debido a la crisis económica por el covid-19, grupos de padres plantean una revisión de la tabla de pensiones alimenticias o, a su vez, que se establezcan plazos para cancelar los valores adeudados. Foto: archivo / EL COMERCIO

Debido a la crisis económica por el covid-19, grupos de padres plantean una revisión de la tabla de pensiones alimenticias o, a su vez, que se establezcan plazos para cancelar los valores adeudados. Foto: archivo / EL COMERCIO

Debido a la crisis económica por el covid-19, grupos de padres plantean una revisión de la tabla de pensiones alimenticias o, a su vez, que se establezcan plazos para cancelar los valores adeudados. Foto: archivo / EL COMERCIO

La crisis sanitaria, causada por el covid-19 en Ecuador, intranquiliza a Nubia Tarapuez, madre de tres hijos de 8, 12 y 18 años. Desde hace más de cuatro meses, la ciudadana no recibe las pensiones alimenticias que legalmente les corresponden a sus hijos, pues el padre de los chicos alega que está en el desempleo.

Su caso no es el único. Según datos remitidos por el Consejo de la Judicatura el jueves 28 de mayo del 2020, las transacciones y el valor recaudado correspondiente a pensiones alimenticias registró una disminución considerable en marzo y abril, meses en los cuales el brote viral obligó al Gobierno a establecer medidas de confinamiento y distanciamiento social.

En marzo, por ejemplo, el sistema contabilizó 421 733 transacciones de este tipo, con un monto recaudado de USD 45,78 millones. Esto representa una disminución del 29% en las transacciones realizadas, y una reducción del 11,16% del valor recaudado, en comparación con marzo del 2019.

Durante el mes de abril la disminución fue más notoria. En ese periodo se realizaron 318 835 transacciones o pagos de pensiones, obteniendo un monto de USD 37,83 millones. Se trata de una disminución del 59,26% de transacciones, y una reducción del 36,21% del monto recaudado, si se compara con el mismo mes, pero del 2019.

Debido a la crisis económica derivada de la pandemia y a las medidas de ajuste impulsadas por el Gobierno, grupos de padres plantean una revisión de la tabla de pensiones alimenticias o, a su vez, que se establezcan plazos para cancelar los valores adeudados.

Miriam Ernest, representante de la coalición de Mujeres, cree que esa postura es “grave”, pues no se considera que los niños, niñas y adolescentes tienen necesidades que no pueden ser postergadas. Además, recuerda que el interés superior de los niños es un derecho constitucional.

“Los alimentantes, tanto padres como madres, deben hacer todo el esfuerzo posible para logar cumplir con esto. Sabemos que es una situación compleja por la crisis y que muchos están sin trabajo, pero no creo que debe haber un efecto tan negativo para los niños y adolescentes”, apuntó.

Durante la emergencia sanitaria en Ecuador no se ha detenido a personas por la falta de pago de las pensiones alimenticias. Según el Consejo de la Judicatura, al estar suspendidos los plazos y términos relacionados con los procesos judiciales, no se han emitido boletas de encarcelamiento durante la pandemia, debido a que los jueces de familia no están atendiendo juicios nuevos, ni tampoco pedidos de apremio personal por incumplimiento de pago.

¿Se puede otorgar plazos para ponerse al día en las pensiones? Según el Consejo de la Judicatura, el Código de la Niñez y Adolescencia no establece disposiciones contrarias o excepciones sobre el cobro de intereses. Además, el Sistema Único de Pensiones Alimenticias (SUPA) calcula de forma automática los montos a pagar, correspondientes a los retrasos.

La entidad aclaró que los convenios de pago se resuelven dentro de los procesos judiciales, que son sustanciados por los jueces de Familia. “Una vez que se restablezca la atención a los usuarios en las unidades judiciales de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, serán las y los jueces quienes a través de sus resoluciones se pronunciarán acerca de lo que proceda en cada caso”, precisó el Consejo de la Judicatura.

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