Aunque el Gobierno subestime y desprecie las rebeliones sociales que van cobrando fuerza en el país, es incuestionable que hemos llegado a un punto de inflexión que sugeriría profundas rectificaciones en las conductas y políticas gubernamentales. Es verdad que muchos gobiernos pasados soportaron también protestas y movilizaciones sociales como reacción a sus políticas y acciones. Sin embargo, las protestas de hoy unen por primera vez sectores disímiles y hasta contrapuestos, como universitarios, maestros, indígenas, pequeños comerciantes, empresarios, transportistas, etc.
El Gobierno, en lectura peligrosa y equivocada, aduce que el rechazo se origina en los cambios revolucionarios que implementa y en la supresión de privilegios tradicionales. No comprende todavía que la rebeldía general surge como reacción a un modelo autoritario que suprime libertades individuales, de izquierdas o de derechas, y que desprecia a los ciudadanos con intolerancia, arrogancia e insultos. Es común embriagarse desde el poder con éxitos fáciles y rotundos. La falta de experiencia política ha llevado a pensar que la propaganda masiva y la publicación de encuestas ligeras subyugarían de forma permanente a la opinión pública y crearían la falsa noción de que los ciudadanos disidentes eran una minoría despreciable.
Como señala Giovanni Sartori, “con excepción de pocos héroes solitarios, quien teme decir lo que piensa acaba por no pensar lo que no puede decir”. Las protestas de hoy demuestran, sin embargo, que todos esos recursos han llegado a su límite y que no son pocos los ciudadanos contestatarios.
Muchos editorialistas y líderes de opinión consideran que las protestas de los últimos días obligarán al Régimen a rectificar propuestas y conductas. La lógica del modelo socialista del siglo XXI aconseja, sin embargo, lo contrario: se deben acelerar los procesos de control, particularmente en el área de comunicación y educación para dirigir los mensajes políticos y los instrumentos de socialización. La aprobación de estas leyes es vital y por ello no resultaría extraño que el Régimen adopte actitudes inusuales de tolerancia y respeto como una postura táctica para acallar protestas y asegurar la aprobación final de estas normas.
Aunque el Gobierno conserva el control absoluto de los instrumentos formales del poder político, los acontecimientos de los últimos días han roto el dique que contenía un torrente muy grande de frustraciones ciudadanas. En un país sin instituciones que puedan procesar pacíficamente los conflictos sociales y proteger derechos individuales, la rebelión social resulta inevitable.