Diego Martínez, delegado del Presidente a la Junta Monetaria y Financiera. Foto: Vicente Costales/EL COMERCIO
Entrevista a Diego Martínez, delegado del Presidente a la Junta Monetaria y Financiera.
Usted fue parte del Gobierno que dijo que dejó la mesa servida. ¿Pero el presidente Lenín Moreno dice que casi no han dejado ni mesa?
No voy a entrar en la discusión política del actual Gobierno con el anterior. Creo que la responsabilidad nuestra está en identificar lo siguiente: el país pasó por un contexto muy difícil, hubo un riesgo muy importante sobre el sistema monetario -casi como el que vivimos en la crisis de 1999- y eso facilitó que nos pongamos de acuerdo con varios actores, incluso con el sector financiero, para enfrentar esa situación y se superó. Este es un momento diferente.
La economía salió de la recesión, pero está con un bajo crecimiento y eso requiere de un enfoque diferente.
¿Por qué el Gobierno actual habla de crisis si usted en enero dijo que todo estaba bien?
Lo que dijimos es que ya estábamos en una etapa de recuperación y se han tomado las decisiones que se necesitaban, pero no que todo estaba bien. Yo nunca he dicho eso.
Pero señaló, por ejemplo, que dejaba reservas internacionales sólidas y, sin embargo, el BCE acaba de solicitar un crédito de liquidez urgente para fortalecer las reservas.
Eso se debe a que crecieron las importaciones por la eliminación de salvaguardias.
El retiro de las salvaguardias era algo que se sabía desde enero. ¿No es acaso la función del Banco Central precisamente prever este tipo factores para garantizar la liquidez o es que las reservas no están fortalecidas?
Las reservas tienen hoy más de USD 5 000 millones.
Pero se van a reducir hasta diciembre porque el Fisco tiene que pagar gastos el último trimestre, lo reconoció el ministro de Finanzas, Carlos de la Torre.
Las reservas, le insisto, están hoy en más de USD 5 400 millones.
Ahora están en 5 400 millones, pero porque ingresaron los USD 2 500 millones de la última colocación, que como dijo De la Torre, se va a gastar hasta diciembre.
Las decisiones de importación que toman los actores privados no son del Gobierno. Lo que ha hecho el Gobierno es tomar decisiones responsables sobre la ruta que va a tomar el Ecuador. La situación económica ha mejorado y está en una ruta de recuperación, y se ha estructurado un programa económico con una trayectoria clara y definida.
Usted dijo también en enero de este año que las fuentes de financiamiento estaban identificadas, pero el Ministro de Finanzas actual dice que no. Es decir, no estábamos del todo bien.
Dije que estaban identificadas, pero había que negociar. Yo jamás dije que estaba bien y resuelta la situación sino que los indicadores, que iban en caída, empezaron a recuperarse, que la etapa recesiva estaba terminando.
¿Por qué, entonces, el expresidente Correa le dijo a Lenín Moreno que le dejaba la mesa servida?
Eso es un tema político que no voy a comentar.
El actual Gobierno también cuestiona por qué no fueron más austeros. Hoy se ha identificado que se puede recortar en 500 millones el gasto público. En los 10 años del anterior Gobierno eso habría significado USD 5 000 millones menos en egresos.
El Gobierno anterior generaba ahorros de alrededor del 8 o 9% del PIB. El presidente Moreno ha tomado una estrategia y en esto (en términos de austeridad) da un paso más.
¿Por qué no se dio ese paso antes. Usted fue parte del Gobierno anterior.
Se hicieron varios ajustes. Se congelaron los incrementos en los salarios públicos, se han hecho rebajas paulatinas al salario. Ahora hay una situación distinta que amerita acciones diferentes.
Es una estrategia diferente, pero ¿el modelo es el mismo?
El modelo es diferente en ciertos aspectos y similares en otros. Un gobierno de izquierda nunca va a quitar servicios sociales y va a velar por los más necesitados. Lo diferente es un apoyo a la microempresa, combate al contrabando (…) Todo eso contempla el programa económico propuesto por el Presidente.
Hemos identificado los problemas y a dónde queremos llegar, y eso es un programa económico. Que no guste a ciertos analistas no quiere decir que no sea un programa sino que esos analistas privilegian otra ruta.
Para llegar a ese objetivo, hay analistas que han dicho que la lógica debe ser distinta. Ellos han hablado de eliminar subsidios o la participacion de trabajadores en las utilidades; es decir, una ruta dolorosa para la mayoría de la población.
¿Cuáles son los ejes del programa económico del Gobierno?
Son cuatro ejes porque son cuatro las áreas donde se han detectado inconvenientes. El primero es el crecimiento de la economía, queremos alcanzar una tasa del 2,5% en el 2020. El segundo es reducir el subempleo y para eso se anunciaron los incentivos a los microempresarios. El tercero es erradicar la pobreza extrema. Y cuarto es el problema en el sector externo y eso viene aparejado con el excesivo uso de billetes con el traslado del dinero electrónico a la banca.
¿Cómo avanza esta última medida?
Hay un plazo de cinco meses. La banca tiene una postura más razonable. Cedió en que el costo sea muy bajo, que no sea un monopolio suyo…
¿Qué se requiere?
Una reforma. Se incluirá en el paquete que enviará el Ejecutivo.
¿El plan económico no incluye el problema fiscal?
Sí y la meta está claramente establecida: reducir el déficit hasta el 2021, del 4,7 al 1%. Por eso, el programa establece incentivos para microempresas, pero también impuestos para las grandes. Con eso, todo está cubierto.
Pero el próximo año se necesitan USD 10 000 millones en financiamiento. El gasto no baja.
En el gasto de salarios es difícil hacer reducciones porque implicaría sacrificar servicios. En la parte de inversión se ha dicho que habrá una baja de USD 2 000 millones durante el próximo año.
Aún así el gasto total será igual al de este año ¿es decir es el mismo modelo de años pasados: de fuerte gasto público?
No olvidemos que la Pro forma es el reflejo de una parte de la acción pública. Otra parte se hace a través del accionar de la banca pública, de las empresas…
Pero el Gobierno ha dicho que el problema en el país es fiscal.
Y la solución está claramente definida y es que no crezca el gasto permanente (en salarios) y que se reduzca el gasto de inversión. Hay medidas para reducir la brecha fiscal, como la reforma tributaria, que generará ingresos. También estamos con una política de reducción de contrabando que perjudica al Fisco y afecta al aparato productivo y al consumidor ecuatoriano.
El Presidente declaró guerra decidida a una forma de corrupción, que es también el contrabando y la subvaloración. El importador que esté en regla no tiene por qué preocuparse.
La nueva tasa, para importadores, es una nueva salvaguardia con membrete de tasa, que generar preocupación en organismos como la Organización Mundial de Comercio (OMC).
De ninguna manera. Los aranceles subirán dentro el techo permitido por la OMC y la tasa es un servicio por control al contrabando dentro del reglamento de OMC.
¿De quién fue la iniciativa de la tasa?
De Senae.
¿No fue una iniciativa del consejero Patricio Rivera?
No. Fue un equipo de trabajo donde está Senae, el SRI…, somos un equipo de trabajo.
Pese a esas medidas, las necesidades de financiamiento casi no bajarán para el próximo año. ¿Están prologando medidas de ajuste?
No se harán medidas de ajuste. El programa económico más bien que garantiza estabilidad tributaria.