García es encargado del programa de políticas de droga para América Latina de la Fundación Open Society. Foto: Fernando Medina / EL COMERCIO
Entrevista a Diego García, investigador sobre drogas en América Latina. El combate a las drogas ha sido uno de los temas prioritarios para el nuevo Gobierno. Incluso, el presidente Lenín Moreno formó un acuerdo nacional para prevenir el consumo.
Pero internacionalmente, ¿cómo se ve al Ecuador en políticas de drogas?
Hasta finales del 2015, Ecuador era un referente a nivel mundial, pues entendió que el fenómeno se debe abordar desde la inclusión social y la salud pública. Pero en los últimos dos años hemos visto cambios negativos.
¿A qué se refiere?
Ecuador desde el 2015 ha tenido retrocesos. Volvieron a criminalizar el consumo. Hay iniciativas de reformar el Código Penal para aumentar penas. También conocemos que se trata de restringir el consumo en espacios públicos. Se volvió al lente punitivo. Eso va en sentido contrario a los avances de la región.
¿Es decir, estamos detrás de otros países?
Sí. En Latinoamérica se han dado avances muy importantes. Un ejemplo es el uso de cannabis como medicina. Uruguay fue el primero en permitir ese uso. También autorizó su consumo no medico. Perú y Colombia tienen regulaciones de consumo medicinal. El caso de Chile es interesante porque el propio Gobierno cultiva la marihuana y la entrega a personas que la requieren por enfermedades.
Pero la problemática en el Ecuador es la venta de droga. En los dos últimos años hubo serios problemas con jóvenes que tenían dependencia a la ‘H’. También se detectó que niños recién nacidos tenían síndrome de abstinencia porque sus madres eran
consumidoras. ¿Cuál era la opción del país para erradicar esto?
La vía más adecuada es fortalecer la investigación científica y la salud pública. En países como España y Portugal, los consumidores son atendidos a través del sistema de salud y se logra reducir los niveles de dependencia.
Pero Ecuador sí tiene programas de atención.
Pero es necesario que esos programas tengan la capacidad de atención para toda la población. Si a escala nacional existen dos centros de tratamiento, eso no va a ser muy efectivo en la práctica.
Usted habló de la prohibición del consumo en espacios públicos.
¿Esto no ayuda a evitar que se venda libremente la droga?
No. Lo que haces es ocultar la problemática y evitas que se identifique a las personas que necesitan ayuda. No decimos que se permita el consumo libre. Lo que queremos es que no se prohíba, pero se puede regular. Por ejemplo, se puede decir que no se consuma fuera de colegios o en parques adonde van niños. Pero prohibirlo en todos los espacios públicos no es lo correcto, ni adecuado.
Entonces, ¿cómo se erradica la venta de droga?
Con inclusión social y trabajo. Un ejemplo de eso es lo que está pasando con los pescadores ecuatorianos. Ellos son captados por los narcos porque no tienen otras oportunidades. La pobreza los empuja a ser parte de este fenómeno. Lo mismo sucede con las mujeres que se vuelven mulas. Ellas no son parte de las redes del narcotráfico.
Trayectoria
Es colombiano. Actualmente es encargado del programa de políticas de droga para América Latina de la Fundación Open Society. Asegura que la represión no es la solución al problema del consumo de drogas.