19 de diciembre de 2019 00:00

Dictamen de la Corte Constitucional muestra vacío de la norma legislativa

El presidente de la Asamblea, César Litardo, en el debate de las enmiendas, junto con Elizabeth Cabezas. Foto: Patricio Terán / EL COMERCIO

El presidente de la Asamblea, César Litardo, en el debate de las enmiendas, junto con Elizabeth Cabezas. Foto: Patricio Terán / EL COMERCIO

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Roger Velez

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La sentencia de la Corte Constitucional (CC) que dispuso el archivo del proyecto de ley para el registro de violadores de niños y adolescentes (Reevas) derivó en un conflicto en la Asamblea y, a su vez, abrió un frente con el Ejecutivo y el máximo tribunal del país.

Los desacuerdos que se evidenciaron en el Pleno el lunes pasado, 16 de diciembre, y que pusieron al Parlamento al filo del desacato, obligaron al presidente César Litardo (AP) a suspender la votación. Lo había incluido a la cabeza de los siete proyectos que se debían resolver esta semana en el hemiciclo.

En un hecho inédito, la ponente del proyecto, Lourdes Cuesta (exCreo), se declaró en resistencia y se negó a mocionar el archivo. El dictamen de la Corte provino luego de que el Ejecutivo vetara por inconstitucionalidad el proyecto que había sido aprobado por unanimidad hace dos meses.

La correísta Marcela Aguiñaga, expresidenta de la Comisión de Justicia, califica como “un error” que esta mesa -que ahora es presidida por la oficialista Ximena Peña (AP)- haya enviado a votación del Pleno el archivo del proyecto, tras la sentencia de la Corte. Peña adujo que esas son las “formalidades” que se deben cumplir.

El artículo 65 de la Ley de la Función Legislativa señala que “si el dictamen confirmara la inconstitucionalidad total del proyecto, este será archivado”.

Para los parlamentarios, no está claro si eso debe hacerlo el Pleno -como máximo órgano de toma decisiones en la Legislatura- o la Comisión especializada que tramitó el proyecto, que en este caso es la de Justicia y Estructura del Estado.

“Hay un vacío en la Ley Legislativa, por eso no saben cómo continuar. En cualquier caso, sería el Pleno el que debería archivar el proyecto (Reevas)”, señala el constitucionalista Jorge Benavides.

El año pasado, el Ejecutivo vetó por inconstitucionalidad varios artículos del Código General de Procesos (Cogep). La Corte le dio la razón y la Comisión de Justicia -entonces presidida por Aguiñaga- los eliminó del informe que fue a votación en el hemiciclo.

De su lado, Peña no hizo lo mismo al procesar dos de los artículos de la reforma al Código Orgánico Integral Penal (COIP), cuyo trámite terminó el martes pasado en la Legislatura.

En la resolución al COIP, la Asamblea se impuso al haberse ratificado en 25 de los 37 ar­tículos del proyecto, que habían sido objetados por el presidente Lenín Moreno. Los cambios irán al Registro Oficial.

Un segundo revés tuvo el Ejecutivo en la Proforma presupuestaria. La mayoría -compuesta por Alianza País (AP), Creo y asambleístas independientes- no reunió los 70 votos que se necesitaban para aprobarla, debido a que uno de sus integrantes, Roberto Gómez (Creo), no votó con el grupo.

La reforma tributaria, en cambio, fue aprobada con una mayoría absoluta y se aplicará desde enero próximo.

El Pleno volvió a sesionar ayer a doble jornada, por segundo día consecutivo. Por la mañana arrancó el primer debate de un paquete de enmiendas a la Constitución. Pasado el mediodía, Litardo suspendió la reu­nión por falta de quórum; el tema se retomará hoy.

Al cierre de esta edición, se instaló una nueva reunión. Esta vez con el propósito de debatir el informe de la Comisión Multipartidista, que investigó los hechos relacionados con el paro nacional de octubre pasado.

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