Una nueva oportunidad de diálogo se abrió tras la decisión de la dirigencia indígena de suspender su paro, aunque subsistan discrepancias. Las actitudes de hecho, más allá del legítimo derecho que tienen los diferentes sectores a expresarse, no contribuyen a la solución de los problemas. Al contrario, los complican.
La normativa vigente es ambigua, pues si bien la Constitución de Montecristi prohíbe expresamente la paralización de los servicios públicos, también otorga el derecho a la resistencia, que abre la posibilidad para estas acciones.
Como sea, la suspensión del paro es una posibilidad de diálogo, pero esta no debe tomarse como un espacio para dilatar los procesos. El país exige un diálogo civilizado y constructivo que permita analizar las diferentes propuestas, y el momento debe ser aprovechado para rectificaciones y concesiones viables.
Ningún sector debe pretender imponerse a la fuerza; tampoco el Gobierno puede seguir haciendo del diálogo un monólogo donde solo habla el Ejecutivo y el resto escucha, o donde este oye pero no procesa los planteamientos. No es dable, asimismo, que se ataque con adjetivos descalificadores a los interlocutores, pues esto solo contribuye a la violencia y bloquea los resultados positivos.
Es importante bajar las tensiones en momentos en que la agitación y descontento social son el reflejo de la falta de espacios democráticos y la polarización de fuerzas. Si no se quiere llegar a situaciones complejas e insospechadas, que pueden alterar el orden público y poner en riesgo la estabilidad, es hora de deponer actitudes y pensar en función de país. Se requieren soluciones urgentes a problemas comunes: la inseguridad ciudadana y jurídica, la falta de empleo y el mejoramiento de los servicios públicos, entre otros.