26 de julio de 2019 00:00

Deudores aún reclaman por caso Filanbanco y denuncian irregularidades

En agosto de 1999, clientes de cuatro bancos reclamaban sus depósitos, en Guayaquil.

En agosto de 1999, clientes de cuatro bancos reclamaban sus depósitos, en Guayaquil. Foto: Archivo EL COMERCIO

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Evelyn Tapia
Redactora (I)

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En una caja de cartón tiene archivados los documentos legales de casi dos décadas. Cuando Patricia Bastidas, de 63 años, la abre, recuerda cómo un crédito hipotecario con el extinto Filanbanco la dejó sin propiedades.

Bastidas tenía un crédito de USD 598 000 con la extinta entidad; por ello, su hotel en Galápagos, un departamento en Quito y una embarcación turística constaban como garantía. Ella cuenta que saldó su deuda el 2003, pero no le devolvieron los bienes que constaban como garantía. Reclama que su hotel fuera vendido en USD 252 000, cuando su precio real era de USD 2 millones.

En el 2013 logró que el Banco Central le entregara un documento en el que consta que ya no debe el dinero. “Pero aún no puedo sacar una simple cuenta de ahorros. Vivo de la ayuda de mis hijos. Pasé de ser empresaria hotelera a rogar justicia por mis propiedades”, señala.

Su caso y el de otras personas, conocidas como “deudores de buena fe”, son parte de un capítulo de Filanbanco que aún no se cierra.

Estas personas tenían deudas con Filanbanco y, 18 años después de la quiebra de esta entidad financiera, denuncian irregularidades. Por ejemplo, que no les permitieron pagar sus deudas con los bienes en garantía. “Las deudas crecieron con intereses altísimos”, dice Ricardo Ruperti, que tenía una deuda de USD 700 000 por una camaronera y hoy debe pagar USD 1,9 millones. Una propiedad de 20 hectáreas que constaba con garantía, cuenta, fue embargada. En esos terrenos el Gobierno planea construir el hospital de Bahía de Caráquez, asegura. “Mis hijas gemelas nacieron en el feriado bancario y ya tienen 21 años, y hasta hoy ningún banco me presta ni USD 5 para comprarme una almohada”. Este Diario pidió el martes al Banco Central y a Inmobiliar detalles sobre los bienes de Filanbanco, pero hasta el cierre de esta edición no respondieron.

Patricia Bastidas es parte del grupo de deudoras de buena fe del Filanbanco. Perdió tres propiedades en garantía.

Patricia Bastidas es parte del grupo de deudoras de buena fe del Filanbanco. Perdió tres propiedades en garantía. Foto: Archivo EL COMERCIO


El banco era la entidad financiera privada más grande del Ecuador. “La gente pensaba que cualquier banco podía ser el siguiente en quebrar, pero nunca el Filanbanco”, recuerda Óscar Ayerve, exrepresentante de la Junta de Acreedores de la entidad, al recordar ese capítulo de la mayor crisis financiera del país.

Pero pasó. Filanbanco quebró en el 2001, luego de que en 1998 el Gobierno de entonces dispuso estatizar esta entidad por sus problemas de liquidez y la fusionó con La Previsora, otra entidad en crisis.

El origen de la crisis de Filanbanco está en las libertades que desde 1994 otorgó la Ley de Instituciones Financieras a los bancos, dice Alejandra Cantos, exgerente de la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD) entre el 2005 y 2007.

“La ley permitió la libre circulación de capitales, aumentó la posibilidad de dar créditos vinculados sin control, porque los banqueros empezaron a incursionar en otras actividades”, explica Cantos.

En el caso Filanbanco, hasta hoy quedan dudas sobre el manejo de los bienes que se incautaron a los banqueros y los que estaban como garantías de los deudores, dice Ayerve. “Había mucha información que no se conocía. Se quería impedir que se vendan los activos y que se tengan inventarios reales”.

En el 2004 supieron que la deuda que tenía el quebrado ente con los acreedores era de USD 1 400 millones, añade.

La deuda con 750 000 depositantes se pagó en su mayoría hasta el 2013. “29 000 depositantes no recuperaron su dinero, la mayoría eran migrantes que no retornaron”, cuenta.

Según Cantos, en su gestión se pagaron USD 1 285,6 millones a los acreedores. “Recuperamos 2 441 millones con remate de bienes, cobro de cartera y otras gestiones”. Acota que hubo bienes sobrevalorados y subavaluados.

El traspaso de la competencia de los activos de este y otros bancos quebrados complicó la situación de los deudores de buena fe. Primero estuvieron en manos de la AGD, luego del Ministerio de Finanzas, en el Fideicomiso AGD-CFN No Más Impunidad y finalmente en el BCE, que está traspasando bienes a Inmobiliar.

Para los hermanos William y Roberto Isaías, el capítulo tampoco está cerrado. Ellos, que fueron dueños del banco hasta 1998, fueron sentenciados en el 2012 por peculado bancario.

Desde que quebró el banco viven en Miami y el Estado ha pedido tres veces su extradición. En marzo pasado fueron detenidos en Estados Unidos y, aunque salieron con fianza, se inició un proceso judicial de deportación que podría durar dos años, dijo su procurador, Jorge Zavala Egas.

Según el abogado, en el 2016, el Comité de DD.HH. de las Naciones Unidas dictaminó que el Estado violó derechos de los hermanos Isaías al negarles la posibilidad de impugnar la incautación de sus bienes en el 2008.

Pero la Procuraduría ha dicho que ese informe no es vinculante, y que no tiene valor jurisdiccional en Ecuador.

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