Los afectados marcharon por el centro de Cuenca, el 5 abril de 1999. Foto: Archivo / EL COMERCIO
Una máquina registradora, un vetusto sillón, un escritorio, la bóveda y viejos libros de contabilidad son lo único que queda como recuerdo del Banco del Azuay, en la antigua matriz. Ese edificio, que ahora es la Alcaldía de Cuenca, es la estructura arquitectónica no religiosa más importante del Centro Histórico.
Fue el principal referente del banco, que fue el tercero que se abrió en el Ecuador luego del Crédito e Hipotecario, y Pichincha. Ese edificio amaneció custodiado por policías la mañana del 18 de enero de 1999 cuando sus directivos decidieron suspender la atención.
Mediante un boletín de prensa dijeron que su idea era “mantener estables los índices económicos de la institución”.
Fue una sorpresa y preocupación, recuerda el maestro jubilado, Rubén Vélez, quien fue elegido vicepresidente de los perjudicados. Ocho días antes del cierre, él depositó a plazo fijo 65 millones de sucres, que equivalían a USD 8 971, a la cotización de la época.
Su objetivo era comprar unos terrenos que valían 70 millones de sucres y el mismo vendedor le recomendó que deposite en el Azuay, por los altos intereses que pagaba. La idea era juntar en pocos meses el dinero que le faltaba.
Vélez también se interesó porque era una entidad de trayectoria. “Era conocida por su solvencia. No sabíamos que las decisiones se tomaban en Guayaquil y no en Cuenca”.
A finales de los años 80, el Grupo Miranda de Guayaquil compró la mayoría del paquete accionario por USD 1,3 millones a empresarios cuencanos y guayaquileños. Sus dueños, los hermanos Carlos, Fernando, Joselo y Ricardo se dedicaban a la importación de juguetes, electrodomésticos, bienes del hogar, entre otros artículos.
Vélez y el resto de los directivos de los afectados nunca los conocieron, ni siquiera cuando viajaron a Guayaquil para reclamar su dinero. Solo conversaron con los interventores nombrados por la Superintendencia de Bancos y la Junta Bancaria. Estas entidades aseguraron, en ese entonces, que el cierre del Azuay se dio por créditos vinculados, que superaban lo permitido por la ley. También, hubo una corrida de depósitos en 1998.
En un informe del 2012 de la Contraloría General del Estados sobre las liquidaciones de la banca cerrada, se establece que el Azuay tuvo déficit patrimonial de USD 47,63 millones.
En 1999 se inició un juicio por supuesto peculado en contra de los directivos de entidad financiera. La causa fue archivada 10 años después por la Segunda Sala de la Corte del Guayas por prescripción.
La devolución del dinero
Vélez recibió la totalidad de sus ahorros dos años después del cierre, pero solo equivalía a USD 2 600 por la macrodevaluación, que se aplicó para iniciar la dolarización. “Sobreviví porque soy soltero”.
En la sala de su hogar, recuerda las principales medidas que adoptaron para presionar. Con otros perjudicados cerraron las puertas del edificio matriz con cadenas y candados. De esa forma retuvieron como rehenes a 32 empleados durante tres días. “Los clientes de la zona rural no les dejaban salir”.
Esa misma semana, el 30 de marzo, 200 perjudicados se tomaron un día el Ministerio de Finanzas, en la céntrica calle Bolívar, en Cuenca. Siete días después, por esa misma vía, marcharon con el apoyo de los alcaldes de Cuenca y Azogues.
La situación era dramática, recuerda Jaime López, quien fue el coordinador de los grupos de perjudicados por toda la banca cerrada en Azuay. “Los dramas familiares eran terribles. Muchos fallecieron”.
La mayoría de los clientes de Azuay y Cañar eran emigrantes, que tenían depósitos entre USD 10 000 y 30 000. “Ellos confiaban por la historia del banco y por los altos intereses”, dice López. Hubo casos como los de Luis Peralta, que recibían hasta el 65% de intereses cuando la tasa pasiva referencial era del 50,5%.
Este banco operaba en Azuay, Cañar, El Oro, Guayas, Loja y Pichincha y tenía más de 200 000 clientes con depósitos por USD 45 millones. Entre ellos estaba el padre de Diego Lara, quien tenía a plazo fijo 30 millones de sucres. Los intereses les servían para la alimentación y estudios.
Lara, quien en esa época no acababa su carrera de economía, dice que ese dinero era su único sustento. “Dejamos de gastar en varias cosas”.
La exgerenta de la Agencia de Garantía de Depósitos, Wilma Salgado, y la exsuperintendenta de Bancos, Gloria Sabando, dijeron que se cumplió con el pago de las acreencias garantizadas por la ley.
Los hechos más destacados de la caída de la institución
18 de enero de 1999
De forma urgente se reunieron los representantes de la Junta Bancaria y Superintendencia de Bancos ante el cierre de la entidad. Ellos decidieron ponerlo en saneamiento.
9 de febrero
Los perjudicados de Azuay y Cañar formaron una asociación en Cuenca. Su intención fue reclamar los depósitos que tenían en cuentas de ahorro y corriente y a plazo fijo.
31 de marzo
Un grupo de perjudicados por el cierre de esta entidad financiera tomó como rehenes a 32 empleados, en el edificio matriz en la capital azuaya. Fueron liberados el 2 de abril.
19 de abril
Empezó el pago a los afectados que tenían depósitos menores a un millón de sucres en cuentas de ahorros y corrientes. Ese proceso se efectuó en el Filanbanco.
