El miércoles de la semana pasada hubo una protesta de los militares retirados. Foto: Paúl Rivas/El Comercio
La cifra está reconocida oficialmente. El Estado debe al seguro militar (Issfa) USD 260 millones por los aportes que tiene que entregar mensualmente.
Pero la semana pasada ese monto se redujo, pues el Gobierno ordenó que descuenten USD 41 millones por el pago que en exceso realizó el Ministerio del Ambiente tras comprar al Issfa 66 lotes en los Samanes-Guayaquil.
Eso molestó a los militares en servicio pasivo que mañana, 11 de febrero del 2016, se reunirán en Quito para analizar este tipo de hechos.
La deuda estatal se arrastra desde el 2014. En un oficio, fechado el 1 de octubre del año pasado, las autoridades del Issfa señalaban que el organismo “ya no está en capacidad de afrontar obligaciones que tiene respecto al pago de pensiones y demás prestaciones para el mes de octubre (2015)”.
Esta vez, el Gobierno recurrió al artículo 370 de la Constitución y dijo que “ni el Issfa ni el Isspol (seguro policial) pueden dejar de cumplir con sus pensiones y peor quebrar”.
En esa normativa se dice que el seguro militar “será responsable de la prestación de las contingencias del seguro universal obligatorio al afiliado”.
Estos mensajes se han enviado con frecuencia en cuentas oficiales de Twitter, especialmente desde el viernes pasado.
Ese día, el presidente Rafael Correa cesó de sus funciones a la cúpula militar que horas antes había rechazado el débito de USD 41 millones.
Los retrasos en los pagos incluso se han conocido en la Asamblea. En abril del año pasado, altos oficiales llegaron a la Comisión de Derechos de los Trabajadores y aseguraron que el 60% que el Estado entrega cada mes al instituto militar es “fundamental” para garantizar los pagos a todo el grupo de pensionistas.
Incluso hablaron de problemas en la entrega de créditos.
Un informe que incluye datos de enero a septiembre del 2015 señala que en ese lapso se ha otorgado 34 468 créditos a los militares pasivos del país.
La mayoría de préstamos es de quirografarios-consumo y quirografarios-imprevistos. Los beneficiarios son en este orden: pensionistas, personal del Ejército, de la Marina y de la FAE.
Ayer, este Diario habló con el representante de oficiales pasivos en el Directorio del Issfa, Bolívar Silva. Él señaló que el retraso en el pago de las obligaciones gubernamentales se ha superado con las reservas y la autogestión del seguro militar.
“El retraso promedio es de dos o tres meses. Uno de los motivos puede ser la situación económica actual. Pero esto no puede pasarse mucho, porque si hay más demora ahí se complicarían las cosas”, señaló.
A Silva también le llegó la invitación para mañana.
En su cuenta oficial de Twitter, el ministro de Defensa, Fernando Cordero, señaló que en la ley “no existe ninguna asamblea” y que “el único organismo colectivo es el Consejo Directivo”.
Un día antes del relevo del Alto Mando, EL COMERCIO le preguntó a Cordero, si las Fuerzas Armadas están politizadas y señaló que quienes politizan a la institución son los uniformados retirados. “Están diciendo que el Gobierno se quedó sin plata y que por eso quiere quitar el dinero al Issfa. Esto no es así”.
Por eso cuestionó también a Silva y a otros dos coroneles en servicio pasivo, a quienes los calificó de “chiflados”.
En cambio, el exjefe del Comando Conjunto, Oswaldo Jarrín, dijo que era “sabelotodo”.
Pero después, Cordero dijo esto: “Si yo he cometido un exceso pido disculpas a las personas y si afecté la honradez y la sabiduría del general Jarrín le pediré disculpas”.
Este oficial retirado no descartó estar mañana en la cita de Quito. Este tipo de reuniones también se dieron en diciembre. En una sola semana, los exuniformados se reunieron en Quito, Guayaquil y Cuenca.
Allí precisamente hablaron de las cuentas pendientes que mantiene el Estado con el seguro de Fuerzas Armadas.
