Más deuda, menos gasto y medidas arancelarias para el 2015

La Asamblea Nacional aprobó el 24 de julio del 2014 el Código Monetario, con 91 votos. Foto: EL COMERCIO

La Asamblea Nacional aprobó el 24 de julio del 2014 el Código Monetario, con 91 votos. Foto: EL COMERCIO

La Asamblea Nacional aprobó el 24 de julio del 2014 el Código Monetario, con 91 votos. Foto: EL COMERCIO

Ante un año difícil y sin contar con política monetaria, el Régimen ha echado mano de reformas legales y medidas vinculadas al comercio exterior para blindar la economía.

Este año el Gobierno necesita un precio promedio del crudo de USD 79,7 para financiar su presupuesto, pero el crudo bordea hoy los USD 47 por barril, según cifras oficiales.

Una de las medidas para conseguir nuevos recursos es la Ley Orgánica de Incentivos y Prevención del Fraude Fiscal, en vigencia desde el 30 de diciembre pasado, que generará unos USD 200 millones al año.

También la Ley de Telecomunicaciones, que obligará a la operadora Claro a realizar un pago extra por su mayor participación en el mercado.

Asimismo, el Código Monetario, que rige desde septiembre pasado, fijó el cobro del 0,5% a los créditos en la banca privada, que generará unos USD 100 millones al año para pagar la atención del cáncer.

Esta norma, además, otorga control al Estado para el manejo de dineros de origen privado. Y permite a la Junta Reguladora, máximo ente de control financiero, redireccionar la liquidez de la banca (depósitos) a créditos productivos. También cambió el manejo del Fondo de Liquidez, que acumula USD 2 097 millones en ahorros de los depositantes y que sirve para hacer frente a problemas de liquidez de la banca.

Aunque la norma prohíbe invertir en bonos del Ministerio de Finanzas, la banca teme que los recursos puedan ir al Estado a través de bonos emitidos por otras entidades públicas, generando el mismo problema.

En medio de una caída de los ingresos fiscales, la banca se pronunció, además, preocupada de que el Gobierno pueda tomar parte de la liquidez de la banca, unos USD 3 800 millones, para financiarse, lo cual “sería un error”, anotó la Asociación de Bancos Privados en una carta enviada el 19 de diciembre pasado al ministro de la Política Económica y titular de la Junta, Patricio Rivera.

El Ministro dijo el martes pasado en Radio Visión que la caída del precio del petróleo afectará al país, pero no paralizará al Estado.

Además de nuevas medidas para reducir importaciones, de las cuales solo adelantó que habrá ajustes arancelarios, Rivera anunció que el programa para afrontar el 2015 comprende dos partes. “Por el lado del ingreso se aprobó una Ley que va a dar un par de cientos de millones de dólares por control de la evasión. No se subieron impuestos excepto algo pequeño a productos nocivos. Por el lado del gasto seguramente se va a tener que moderar la evolución de los salarios públicos”.

También indicó que “se están gestionando ingresos adicionales” a través de inversiones de los ministerios de Sectores Estratégicos y se reducirá la inversión estatal en rubros que no afecten la economía ni el empleo. Ejemplos: compra de autos y equipos informáticos.

Más deuda también es parte del plan. El ministro de Finanzas, Fausto Herrera, viaja hoy a China, junto al presidente Rafael Correa en una visita oficial para, según anunció en noviembre pasado, suscribir contratos de financiamiento con bancos y buscar nuevas líneas de crédito para mantener la planificación fiscal de los siguientes años.

Medidas externas

El Gobierno dio un primer paso a finales del año pasado para regular el comercio exterior, al incorporar 23 subpartidas arancelarias a la lista de mercaderías que deben presentar un certificado de reconocimiento para su importación y nacionalización.

Como efecto del alto gasto público y la abundante liquidez, producto del segundo ‘boom’ petrolero, el país comenzó a incrementar sus importaciones desde la década pasada, generando un impacto en su balanza comercial.

Según el Banco Central, las importaciones a finales del 2007 ascendían a USD

12 895 millones y se dispararon un 35% al año siguiente, lo que llevó al Gobierno, en medio de una crisis internacional, a incrementar aranceles, poner cupos, etc., por un año.
En noviembre del 2013 el Gobierno echó otra vez mano de la política comercial para controlar su balanza de pagos e impuso controles a las importaciones a través de la presentación de certificados de reconocimiento para el ingreso de varios productos.

El año que terminó se adoptaron mecanismos de control de importaciones como cupos y medidas no arancelarias que dieron resultado al Gobierno, reconoció el martes pasado el ministro de Trabajo, Carlos Marx Carrasco, al exponer los argumentos oficiales sobre el incremento salarial más bajo de este Gobierno.

El país también enfrenta la devaluación de las monedas de los países vecinos, que conduce a abaratar sus productos mientras los que vende Ecuador se vuelvan más caros.

Ante ello, el Presidente de la República anunció el 19 de diciembre pasado que impondrá una salvaguardia cambiaria a Colombia y Perú, aunque no se conocen detalles de la medida.

La lectura del sector empresarial es que un escenario complicado en este año llevará al Régimen a repetir medidas del pasado, que ocasionan incluso la falta de ciertos productos en el país, dice Roberto Aspiazu, director del Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE).

En los exportadores hay incertidumbre con relación a que escaseen insumos, aunque Daniel Legarda, vicepresidente de la Federación Ecuatoriana de Exportadores (Fedexpor), destacó como positivo un alza salarial de solo 4,11%.

Hasta el cierre de esta edición aún no se había tomado una decisión sobre los cupos de importación de vehículos, que estuvieron vigentes hasta el pasado 31 de diciembre.

En tanto, el Gobierno aplazó por tres meses el levantamiento de cupos para 33 importadores de celulares.

La necesidad de generar dólares también llevó al Régimen a acelerar los contactos con la Unión Europea con el fin de mantener las preferencias arancelarias que vencían a finales del 2014. Esto le permitirá ahorrar al Estado USD 500 millones por compensación a los exportadores.

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