6 de marzo de 2020 00:05

USD 334 millones en atrasos con proveedores

En enero del 2019, los proveedores reclamaron los atrasos en la Plataforma Financiera. Foto: Archivo/ EL COMERCIO

En enero del 2019, los proveedores reclamaron los atrasos en la Plataforma Financiera. Foto: Archivo/ EL COMERCIO

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Evelyn Tapia
Redactora (I)

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Los 32 empleados de Wash&Clean no han podido cobrar sus salarios de febrero del 2020.

Héctor Dávila, propietario de esta pequeña empresa proveedora de servicios de limpieza para el sector público, cuenta que hará todo lo posible para ponerse al día esta semana. “No es justo que los trabajadores tengan que pagar por los atrasos que tiene con nosotros el Estado”.

El Gobierno adeuda a este negocio, desde octubre del 2019, USD 45 563.

Dávila es parte de un grupo de 80 proveedores con los que el Gobierno mantiene atrasos en los pagos desde el segundo semestre del año pasado.
El jueves 5 de marzo, el grupo tenía previsto reunirse para analizar qué acciones pueden tomar para que el Gobierno tome en cuenta sus reclamos.

Los propietarios de estos negocios, la mayoría del sector de pequeñas y medianas empresas, cuentan que las entidades públicas son sus principales clientes, por lo que la falta de pago ha mermado la liquidez en sus cuentas y, debido a esto, no han podido cumplir y cancelar a sus empleados, proveedores, al Servicio de Rentas Internas (SRI) y otras obligaciones.

La deuda del Estado con proveedores del sector privado es de USD 334,7 millones hasta enero; es decir, el 30% del total de todos los atrasos que registra el Ministerio de Economía y Finanzas.

Fausto Ortiz
, exministro de Finanzas, explica que el Gobierno suele incurrir en atrasos como una estrategia ante la falta de liquidez y de financiamiento.

El 2019, luego de que un grupo de proveedores realizó protestas para reclamar haberes pendientes, el Gobierno ofreció varias soluciones; entre ellas, permitir que se salden deudas con el SRI usando los papeles estatales (denominados CUR) y, de esta manera, hacer un cruce de cuentas.

Para Marco Leguísamo, representante de la empresa Repres Mundial, esta alternativa no ha sido muy útil, porque la mayor parte de pagos pendientes de las empresas es con sus proveedores y trabajadores.

Frente a ello, desde el año pasado la nómina de este negocio bajó de 45 a 30 empleados.

Otra alternativa que dio el Gobierno el año pasado fue permitir que los CUR se usen como garantía para que la banca pública conceda créditos, pero algunos proveedores prefieren no endeudarse por las tasas de interés.

Santiago García, vocero del Consorcio Hospitalario, que agrupa a empresas del sector de la salud que son proveedoras del Estado, detalla que el Gobierno prometió establecer cronogramas de pago, priorizando a sectores como salud, con plazos de máximo 60 días. La medida, según él, no se ha cumplido.

Ferromédica ha reducido la nómina en un 20% desde junio del año pasado.

Johana Murillo, propietaria de J y C Asociados, empresa a la que el Estado le debe USD 250 000, analiza cerrar.

“Ha sido terrible, estamos endeudados con proveedores, con los trabajadores, ya no podemos seguir siendo proveedores del Estado, estamos en quiebra”, comentó.

García señaló que las firmas esperan un cronograma de pago y piden que la Asamblea agilice el trámite para una nueva ley de contratación pública que evite estos problemas.

Finanzas dijo que hay programación de pago a proveedores, “con base en el flujo de caja y disponibilidad. Se trabaja permanentemente en cumplir con las obligaciones, de manera responsable con todas las necesidades nacionales”.

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