Imagen referencial. Entre enero y noviembre, 4 261 personas han sido detenidas por manejar en estado etílico. Foto: Enrique Pesantes / EL COMERCIO
La puerta de mallas metálicas permanece siempre custodiada. Es el primer filtro para entrar al Centro de Detención de Infractores de Tránsito, un edificio de cuatro pisos que funciona en Calderón, una parroquia del norte quiteño.
Solo un pequeño espacio separa de la segunda puerta. “¿Nombres, apellidos, cédula, de dónde viene?”, pregunta una celadora antes de entrar.
Un estrecho pasillo lleva a la zona en donde están los detenidos. Antes aparece una oficina donde cinco agentes usan computadoras, imprimen oficios, los leen y releen. Sobre los escritorios hay documentos, boletas de encarcelamiento, de excarcelación y peticiones judiciales para movilizar a la gente a audiencias o peritajes.
Al fondo, poco a poco se escucha más ruido. Detrás de una puerta metálica con mallas aparece una cancha, un tendedero de ropa, baños y los primeros detenidos.
Un chico habla por un teléfono monedero. Conversa con su familia de su proceso legal.
Otros levantan la mano. Saludan. Hay hombres que se cubren el rostro y se alejan.
Hasta el viernes, 98 personas se encontraban en ese centro.
La mayoría (62) perdió la libertad por conducir ebrio.
En el país, las cifras de arrestados por esa causa ha crecido. De enero a noviembre de este año, la Policía registra 4 261.
“Solo quería divertirme”, dice Fernando, quien está arrestado desde mediados de noviembre. Asegura que salió con sus compañeros de oficina, tomó cervezas y se retiró a su casa. “Antes de llegar me paré en un control, cerca de Pomasqui. Pensé que por la mascarilla, los agentes no iban a notar el aliento a licor, pero me equivoqué”.
Tras someterse al alcotest, dio positivo y fue aprehendido. En la audiencia de flagrancia, el juez ordenó 30 días de prisión.
Mientras recupera la libertad trabaja en el taller. Pone cáscaras molidas de huevo sobre un cochinito fabricado con una botella. Se convertirá en un adorno de mesa.
Juan también fue detenido. Su esposa no lo visita hace 18 días. Una prima le contó que no quiere verlo. Fue sentenciado a 30 días de arresto.
El Código Penal (art. 385) sanciona con penas de 5, 15 y 30 días a quien conduzca en estado de embriaguez. Todo depende de la cantidad de alcohol detectado en el cuerpo. Si esa acción causó muertos, lo sucedido deja ser infracción, se convierte en delito y se sanciona con hasta 12 años de cárcel.
Este año el número de aprehendidos aumentó desde mayo, pese a que para entonces estaba vigente, por ejemplo, el toque de queda, que prohibía las reuniones sociales.
Los mayores problemas están en Guayas, Pichincha, El Oro, Manabí y Tungurahua.
En el último feriado por fiestas de Quito se prohibió la venta de bebidas alcohólicas, pero también hubo apresados. Los padres de Byron dejaron frutas a su hijo, que fue arrestado en La Villa Flora. Con sus amigos jugó cuarenta y bebió ron.
La Agencia Metropolitana de Tránsito de la Quito dispuso que este mes, 1 915 agentes controlaran las calles. Así se espera disuadir a la gente para que no maneje tras haber bebido.
“Es lo peor que uno puede hacer”, dice uno de los recluidos. Hoy espera su juicio. El 2 de diciembre pasado chocó un patrullero y dejó a dos agentes de tránsito heridos, en Tumbaco, parroquia de Quito. Personal que acudió a esta emergencia señala que él no podía ni pararse por el alcohol ingerido. No supo lo que había hecho sino hasta el siguiente día.
Otro hombre, de 23 años, pinta un corazón de papel maché que consiguió en el taller.
Cuenta que tras beber con sus amigos se accidentó con otro vehículo. El siniestro dejó un muerto. Hoy espera su sentencia. Cuando se confirme la condena será llevado a una cárcel. Esa es la regla.
Asegura que está arrepentido. Agacha la cabeza y se queda en silencio. El viernes secaba la pintura blanca que puso de fondo para un corazón.
Las historias se repiten. Con él están recluidos estudiantes universitarios, comerciantes, conductores profesionales.
“La familia es la que más sufre”, indica un detenido.
El viernes, cerca de las 09:00, el padre y la madre de uno de ellos llegaron a las afueras del centro. En la reja conversan con un agente de tránsito.
Buscan un documento para la audiencia de juicio, pues chocó con otro carro y produjo heridas a los ocupantes.
Ocurrió en noviembre. Hoy, son los padres los que afrontan el problema. “Los amigos con los que bebía ni siquiera llaman a preguntar cómo está todo”, dice el papá.