En los exteriores del Palacio de Justicia, un grupo de manifestantes pidió la libertad de Eduardo V. Foto: Gabriel Proaño/ EL COMERCIO.
La Corte Provincial de Justica del Guayas suspendió al mediodía del miércoles 17 de junio del 2015 la audiencia donde se debía conocer el recurso de hábeas corpus que ciudadanos de Galápagos presentaron para conseguir la liberación de Eduardo V., dirigente de la isla San Cristóbal.
El excandidato a la Asamblea por Galápagos fue detenido la noche del viernes 12 de junio del 2015, acusado del delito de interrupción de un servicio público. El Ministerio de Interior acusó al dirigente insular de supuestamente liderar la toma temporal del aeropuerto de San Cristóbal la noche del lunes 8 de junio del 2015.
La toma de la terminal aérea de isla y capital provincial de Galápagos se produjo un día antes de que la Asamblea aprobara la Ley de Ordenamiento para el Régimen Especial de la Provincia de Galápagos, con las observaciones que hizo el presidente Correa.
Luego de la aprobación de la normativa, las Fuerzas Vivas de la provincia emprendieron una serie de protestas que incluyeron sendos bloqueos, el pasado viernes 12, de las vías a los aeropuertos Seymour, en la isla Baltra; y el de San Cristóbal.
Raúl Llerena, abogado del detenido, anunció tras la audiencia que este inició una huelga de hambre, bajo el argumento de que se halla en indefensión. “Ha decidido asumir una huelga de hambre, porque ve que no tiene garantías constitucionales”, indicó.
Familiares de Eduardo V. confirmaron la medida emprendida por el detenido. “Él es diabético y no sabemos cómo es su alimentación dentro de la cárcel. Hoy empezó una huelga de hambre. Desde su detención no lo hemos podido ver”, señaló una familiar, quien no quiso identificarse.
Eduardo V., quien cumple prisión preventiva de 30 días, permanece recluido en un área de tránsito del Centro Regional de Rehabilitación del Guayas, al norte de Guayaquil.
Llerena acotó que la audiencia de hábeas corpus se suspendió hasta que el Juzgado de Galápagos le remita a la Corte todo el expediente debidamente certificado. “Eso resulta inusual en una acción tan expedita como debe ser el hábeas corpus”, cuestionó el abogado del dirigente galapagueño.