13 de noviembre de 2019 22:16

Detención de migrante ecuatoriana causa indignación por controles a vendedores en metro de Nueva York

La detención de Elsa, una migrante ecuatoriana que vendía churos en el metro de Nueva York, ha causado indignación por los controles a vendedores dentro del sistema de transporte. Foto: Captura de pantalla

El video de la detención de Elsa, una migrante ecuatoriana que vendía churos en el metro de Nueva York, ha causado indignación por los controles a vendedores dentro del sistema de transporte. Foto: Captura de pantalla

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Agencia EFE

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Líderes políticos, activistas y vendedores ambulantes cuestionaron el miércoles 13 de noviembre del 2019 lo que consideran vigilancia excesiva de la Policía en las estaciones del metro de Nueva York, donde estos días han arrestado a inmigrantes que vendían churros.

"Los neoyorquinos aman los churros", afirmó el concejal Antonio Reynoso, de Brooklyn, donde en menos de una semana la Policía ha detenido a dos vendedoras de ese producto en una estación del metro.

Reynoso estuvo acompañado por las senadoras Jessica Ramos y Julia Salazar, así como por activistas, quienes indignados exigieron que la ciudad otorgue permisos para que estos trabajadores no enfrenten problemas con las autoridades mientras se escuchaba a los vendedores inmigrantes gritar "aquí estamos y no nos vamos" y "sin justicia no hay paz".

También acusaron al gobernador del estado, Andrew Cuomo, demócrata como ellos, de haber aumentado en 500 el número de policías en las estaciones del metro.

"No queremos que los 500 policías entren al sistema del metro y que continúen con las amenazas (a los vendedores). Ya tenemos muchos policías (en el metro) y no tienen nada que hacer", dijo a Reynoso, de 36 años y origen dominicano.

Reynoso considera que es necesario que haya un debate en la ciudad sobre este tema: "ellos están destinados a proteger a la gente, no acosarla".

Cuomo fue acusado además de haber creado la crisis fiscal que atraviesa la Autoridad Metropolitana de Autobuses (MTA) y de que se busque generar fondos imponiendo multas a gente pobre que se gana el sustento ofreciendo sus productos.

"Lo que está pasando es que tenemos a un gobernador y a un alcalde que no han dado dinero para atender el metro, que está sucio, opera con retraso y aguarda por reparaciones por décadas", señaló Reynoso.

El pasado viernes 8 de noviembre varios policías arrestaron a una migrante ecuatoriana, identificada como Elsa, que vendía churros en una estación del metro en Brooklyn, a la que esposaron y confiscaron su mercancía. Una usuaria del metro grabó el incidente y lo subió a las redes sociales, haciéndose viral.

Elsa, cuyo arresto ha causado indignación, ha dicho que hace tres años vende churros para mantener a sus siete hijos en Ecuador.


Varios políticos de la ciudad, entre ellos el presidente del Concejo municipal, Corey Jonhson, criticaron la acción de la Policía, que ha dicho que está prohibido la venta en las estaciones del metro y que la ecuatoriana tenía varias infracciones. El alcalde Bill de Blasio apoyó la acción de los agentes.

Tres días después otra vendedora de churros, María Corillo, también fue detenida y esposada en una estación del metro en Brooklyn.

Para vender en las calles se necesita de una licencia que puede ser obtenida sin problemas pero también se requiere de un permiso que otorga el Departamento de Asuntos del Consumidor, de los que se han emitido unos 5 000 en toda la ciudad.

El problema consiste en que hace 35 años no se emite ese permiso mientras ha ido en aumento la población y muchos inmigrantes se ganan la vida de esa manera. La lista de espera por el permiso sobrepasa las 2 000 personas.
Es por eso que este miércoles vendedores, políticos y activistas unieron también su voz para pedir al presidente del Concejo que dé paso a una propuesta de ley para que esos permisos se vuelvan a otorgar.

"Las mujeres que venden churros no son una amenaza. Quiero asegurarme que como Gobierno estemos dando prioridad a recursos y no a criminalizar la forma en que nos ganamos la vida honradamente", dijo la senadora Ramos.

La mexicana María Marín vende hace 18 años tamales y otros alimentos en la calle para mantener a sus cuatro hijos, dos de ellos en su país, y dijo que el año pasado sus productos fueron tirados a la basura por la Policía y el Departamento de Salud y se le impuso una multa de USD 2 000. 

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