El presidente Rafael Correa concretó una denuncia en la que venía insistiendo y que debe ser motivo de preocupación para todos, pues va más allá de las declaraciones que hace el poder para mantener vivo el espíritu nacional. Lo de ayer reviste más importancia, pues afirmó que, después del depuesto presidente hondureño Manuel Zelaya, él sigue en la lista de derrocables.
En primera instancia, es difícil entender una afirmación de esa magnitud cuando viene de un Gobierno que acaba de ser elegido para cuatro años en primera vuelta, que no tiene contendores políticos, que controla los poderes del Estado, que no cesa de hacer las reformas para dar continuidad a su proyecto político, que no duda en echar mano del llamado anticipo petrolero para mantener el enorme gasto público.
No se trata, de ninguna manera, de la situación por la que atravesaba Zelaya antes de intentar una ‘consulta’ para su reelección, imposible e ilegal de acuerdo con las reglas de juego hondureñas.
¿Qué puede estar pasando en el escenario invisible como para que una situación así se produzca en Ecuador? En busca de respuestas, no queda más que mirar el escenario regional, y preguntarse por qué el próximo candidato a ser alejado del poder por un supuesto complot mundial no es, por ejemplo, el presidente Chávez, quien aparece señalado en varios reportes internacionales, en especial de EE.UU.
Pensando perversamente para tratar de acertar, habría que revisar, entonces, la evolución que han tenido las acusaciones, básicamente provenientes de Colombia, contra el Gobierno por supuestos y hasta hoy no probados vínculos con la narcoguerrilla de las FARC. En ese rompecabezas, la presentación, por parte de dos ministros, de un supuesto diario de Raúl Reyes en el cual se apunta a ex funcionarios, abre muchas interrogantes.
De ser ciertas las afirmaciones ahí contenidas, que además calzan bien con las investigaciones de las autoridades locales sobre la penetración en Ecuador de la droga manejada por las FARC, quedaría claro que hay varios actores que se cobijaron bajo la sombra del Estado, no solo para permitir las operaciones del narcotráfico sino incluso para proteger a guerrilleros con la carnetización.
Al presentar ante la Fiscalía el cuaderno de Reyes, el Gobierno quizás -y solo quizás- se está adelantando a alguna acechanza internacional y poniendo distancia con ex funcionarios que en algún momento pudieran haber actuado sin su conocimiento.
Existe la posibilidad de que se declare que el cuaderno no tiene validez, como ya dejó entrever el Fiscal, pero también es posible que este sea parte de un entramado que, al armarse, configuraría un panorama capaz de justificar las preocupaciones gubernamentales y mostraría quiénes son los verdaderos responsables de las asechanzas que tanto inquietan al Presidente.