9 de febrero de 2019 00:00

Para destituciones se pide aumentar de 70 a 91 votos

La Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional, durante una de sus reuniones. Foto: Patricio Terán / EL COMERCIO

La Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional, durante una de sus reuniones. Foto: Patricio Terán / EL COMERCIO

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Roger Velez

El procedimiento para la destitución de asambleístas se planea cambiar con las reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa.

El debate recobró fuerza, luego de que el jueves pasado Ana Galarza, de Creo, se convirtiera en la tercera legisladora del actual período en ser destituida del cargo.

La separación, por actos irregulares en su despacho, se dio con 91 votos, es decir, con las dos terceras partes de los 137 integrantes de la Asamblea.

Se requerían 70, pero el hecho de que correístas, oficialistas, socialcristianos, Suma y legisladores independientes apoyaron esa sanción, hizo inviable para el bloque de Creo impedir este desenlace.

La presidenta de la Comisión de Justicia, Marcela Aguiñaga (ex AP), votó a favor, pero consideró que “es urgente” el tratamiento de las reformas a la Ley que rige a la Asamblea.

El informe para el primer debate fue remitido por esta Comisión a la presidenta, Elizabeth Cabezas (AP), el pasado 30 de enero, para que lo ponga a consideración del Pleno.

Entre otros temas, en el documento se propone fijar en 91 el número de votos cuando se trate de destituir a un legislador o levantarle la inmunidad parlamentaria.

La idea es equiparar el requisito con lo que se exige para destituir a ministros de Estado o al Presidente o Vicepresidente de la República.

Los legisladores advirtieron el año pasado que existe un vacío en la Ley, cuando se desarrollaron los procesos disciplinarios que terminaron en la destitución de Norma Vallejo (AP) y Sofía Espín (ex AP).

En ese entonces, se convino que para la separación de parlamentarios se debía reunir 70 votos, aunque el legislador Fernando Flores (Creo) planteaba que se lo haga con 91. El 13 de noviembre, Norma Vallejo perdió su curul por 84 votos y Sofía Espín por 94.

Sin embargo, no todos están de acuerdo con el cambio que se propone realizar. Henry Cucalón, coordinador de bloque del PSC, cuestiona que se pretenda hacer más restrictiva la forma de destitución de un legislador debido a los precedentes que se han generado.

Cucalón, quien también forma parte de la Comisión de Justicia, plantea que la votación para destituir a un asambleísta, y para autorizar el inicio de una instrucción fiscal o enjuiciamiento penal sea con el voto favorable de la mayoría absoluta de la Asamblea.

Otro de los cambios a la Ley Legislativa apunta a crear un Comité de Ética, compuesto por al menos cinco parlamentarios de distintos partidos. Y es el que mayor discrepancia genera.

“Este Comité debe ser permanente, no como lo han aprobado, porque las inconductas que afectan la imagen de la Asamblea tienen que ser investigadas de manera permanente”, señaló el legislador independiente Eliceo Azuero.

El asambleísta reconoció que no solamente se ciernen denuncias de cobros indebidos a los asesores, sino también de “utilización indebida del poder”, entre otros.

De hecho, la fiscal General del Estado encargada, Ruth Palacios, reveló el 28 de enero pasado que 19 asambleístas son investigados por la institución, aunque aclaró que no todos están en funciones.

Entre ellas está Espín, quien afronta un proceso penal por supuesta oferta de realizar tráfico de influencias para que una testigo protegida del caso Balda cambiara su versión a favor del expresidente, Rafael Correa. Actualmente, ella es considerada como prófuga de la justicia.

En tanto que para el 12 de febrero se prevé que se realice la audiencia de formulación de cargos para Vallejo, dentro de la investigación que se le sigue por supuestos cobros indebidos a sus asesores, tipificado como concusión.

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