11 de julio de 2020 00:00

Los despidos y pensiones de menores van a mediación en tiempos de covid-19

La abogada Libby López (izq.) trabaja en el centro de medición  de Benito Alvarado.

La abogada Libby López (izq.) trabaja en el centro de medición de Benito Alvarado. Foto: Diego Pallero / EL COMERCIO

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Diego Puente
Redactor (I)

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Las historias son similares en los centros de mediación. Desde el 10 de junio pasado, cuando se autorizó al personal el retorno físico, en las 91 oficinas que operan en el país hay más usuarios que buscan una solución por despidos o por retraso en el pago de arriendos.

Pero también han llegado personas que perdieron el empleo y buscan un acuerdo en las pensiones alimenticias.

Por ejemplo, Jessica Oñate aceptó una mediación luego de que el padre de sus dos hijos le pidiera por esta vía replantear la pensión para ambos.

Hoy no puede cubrir los USD 400 mensuales, porque fue despedido. El jueves 9 de julio de 2020 se fijó una cuota de USD 100 al mes hasta que vuelva a laborar.

Juan Carlos Velasteguí, en cambio, está a la espera de la audiencia para resolver un inconveniente con su arrendador, que no le paga desde abril, luego de que perdiera su trabajo.

La idea es llegar a un acuerdo económico para que desocupe el departamento a fin de mes.

La diligencia se instalará el martes de la próxima semana.

Con base en la experiencia de cada oficina, el Departamento del Sistema Nacional de Mediación y Arbitraje del Consejo de la Judicatura (CJ) habla de un incremento en los trámites, aunque las cifras completas se presentarán el miércoles.

Por ejemplo, el centro de atención que dirige Benito Alvarado, en el norte de Quito, lleva 27 actas firmadas en 14 días.

Pero en similar lapso, antes de que estallara la pandemia, concretó 16 mediaciones.

El miércoles, él intervino en un encuentro en el que un empleador acordó cancelar USD 7 000 a un trabajador desvinculado de una empresa que fuera cerrada por la pandemia.

El acuerdo incluyó que la cancelación se hará en cuotas mensuales de USD 350.

En junio, el CJ aprobó la resolución 062, en la que autorizó la atención al público de manera presencial, siempre y cuando los centros cumplan las medidas para garantizar que los usuarios no contraigan covid-19 al realizar los trámites.

Para iniciar la atención física, Alvarado tuvo que hacer readecuaciones a las oficinas.

En menos de dos semanas diseñó e instaló un sistema casero de mensajería a través de tubos plásticos. Por ahí se envía y se recibe la documentación, así se evita el contacto físico.

En su interior colocó amonio cuaternario que elimina los microorganismos. Para evitar que los químicos contaminen otros espacios se usan tapas presurizadas. Invirtió USD 3 000 en vidrios de protección que actúan como una división para las audiencias y en paneles de madera perforados recubiertos de tela antifluidos y membranas de desinfección. También instaló cabinas para los mediadores.

Él dice que en su caso la mayoría de pedidos se resolvió en audiencias presenciales. Pero los usuarios también pueden optar por audiencias virtuales.

Otra alternativa es un sistema mixto, en el que las audiencias se hacen por videoconferencia, aunque es necesaria la comparecencia física para las firmas. Estas formas de atención constan en la resolución 062 de la Judicatura.

En Mediar, otro centro de servicio, el 40% de los trámites tiene que ver con despidos intempestivos o por la mala aplicación del artículo 169 numeral 6, del Código de Trabajo, que acoge las desvinculaciones por fuerza mayor o caso fortuito.

Otro 30% tiene relación con divorcios por mutuo acuerdo en los que, de por medio, existen menores de edad. En ese grupo también están las pensiones de alimentos.

El resto de casos que se trata allí tiene que ver con inquilinato y temas comerciales.

Sylvia Estrella, subdirectora de Mediar, advierte que con las medidas virtuales adoptadas por la Judicatura, ahora se puede intervenir en casos en los que las partes están en otras ciudades. “Así se gana mucho tiempo al no tener que estar todos, de manera obligatoria, en una misma oficina”.

Andrea, por ejemplo, participó de audiencias telemáticas. Así arregló un conflicto con la empresa en la que trabajó por ocho años, hasta abril último. Logró que le reconozcan los siete meses que le adeudaban, más los décimos. Se acordó el pago de USD 15 000.

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