La magistrada Julia Príncipe ofreció una rueda de prensa en la que denunció una “injerencia política” del Ejecutivo en las investigaciones del caso Odebrecht en el país. Foto: Twitter Defensa del Estado de Perú
La magistrada Julia Príncipe, expresidenta del Consejo de Defensa Jurídica del Estado (CDJE) peruano, afirmó hoy, 20 de julio de 2017, que fue despedida del cargo junto a la exprocuradora para el caso Lava Jato, Katherine Ampuero, a petición del presidente de Perú, Pedro Pablo Kucyznski, y su primer ministro, Fernando Zavala.
Príncipe ofreció hoy una rueda de prensa en la que denunció una “injerencia política” del Ejecutivo en las investigaciones del caso Odebrecht en el país.
Agregó que la ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello, le dijo que la salida de Ampuero “era un pedido del presidente de la República, y del premier Fernando Zavala” y que al oponerse ella a esa decisión también fue despedida.
La exjefa de los procuradores indicó que en el Ejecutivo se generó una “incomodidad” por la denuncia del procurador Amado Enco por el contrato para la construcción del nuevo aeropuerto del Cuzco, que ya ha sido suspendido, y la petición que hizo Ampuero para que Kuczynski sea investigado en uno de los casos del proceso Odebrecht.
“En marzo (pasado) surgen diálogos con la ministra Marisol Pérez Tello en las que me manifiesta su incomodidad en reiteradas ocasiones sobre el desempeño funcional de ambos procuradores”, explicó.
La ministra Pérez Tello anunció el miércoles 19 el despido de la procuradora Ampuero por supuestamente haber presentado un recurso que evitará que Odebrecht pague una reparación civil al Estado por los sobornos repartidos en el país.
Tras esa medida, también se confirmó la salida de Julia Príncipe, por haberse opuesto a la medida contra Ampuero.
La procuradora presentó una orden de inhibición en el caso del proyecto de irrigación Olmos, aceptado por la justicia peruana, que le impedirá a Odebrecht transferir las acciones que tiene en dos empresas vinculadas al proyecto.
Odebrecht señaló hoy, en un comunicado, que “sigue teniendo como principal misión garantizar la venta de sus activos, cumpliendo con los respectivos procedimientos” legales y que en el caso de la venta de Olmos “niega rotundamente que haya solicitado que el pago integral fuera destinado a los bancos“.
“El pedido ha sido hecho para que se aplicara un porcentaje de retención para el Fidecomiso de Reparación Civil, de tal forma que también se priorice el pago a proveedores y trabajadores en Perú, que no tienen por qué verse perjudicados por asuntos que se encuentran en discusión en la vía judicial”, remarcó.
La empresa brasileña aseguró que “sigue haciendo los mejores esfuerzos para llegar a un acuerdo de colaboración que incluya un valor y forma de pago de una justa Reparación al Estado” peruano.
Pérez Tello negó hoy, por su parte, que el Ejecutivo haya presionado para despedir a las funcionarias y aseguró que le había perdido la confianza a Ampuero porque no asumió la responsabilidad de asegurar la reparación civil que debe pagar la constructora brasileña.
“No hay indispensables, yo tampoco lo soy. Acá de lo que se trata es que las decisiones políticas se cumplen. Las decisiones que se plasman en una norma y que son una política de Estado se cumplen, punto. Acá no hay injerencia, la autonomía de las procuradurías se garantiza”, enfatizó.
La ministra dijo que, ante la oposición de Príncipe a la salida de Ampuero, no tuvo otra alternativa que separar a la ahora expresidenta del CDJE para asumir el cargo ella misma como ministra.
En Perú, la Fiscalía investiga los sobornos entregados por Odebrecht por USD 29 millones en un periodo que comprende el Gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006), el segundo Gobierno de Alan García (2006-2011) y el de Ollanta Humala (2011-2016).
El escándalo de corrupción ha derivado en la prisión preventiva del expresidente Humala y su esposa, Nadine Heredia, y una orden similar, por ejecutarse, contra Toledo y su esposa, Elianne Karp, así como una investigación preliminar contra García.