1 de abril de 2019 23:44

Miguel Vivanco: 'Despenalización del aborto en casos de violación no es incompatible con derecho a la vida'

La Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional recibió a representantes de Human Rights Watch y del Observatorio de Derechos y Justicia, como parte del debate de las reformas al Código Orgánico Integral Penal. Foto: Foto cortesía Comisión de Justicia Asa

La Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional recibió a representantes de Human Rights Watch y del Observatorio de Derechos y Justicia, como parte del debate de las reformas al Código Orgánico Integral Penal. Foto: Foto cortesía Comisión de Justicia Asamblea Nacional

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Yadira Trujillo (I)

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La Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional del Ecuador recibió en su sesión 38 a José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, y a María Dolores Miño, del Observatorio de Derechos y Justicia, como parte del debate de las reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP), en las que se plantea, entre otras la despenalización del aborto en casos de violación.

Human Rights Watch es una organización de derechos humanos no gubernamental que trabaja en más de 90 países de todo el mundo. Su representante se presentó en una videoconferencia, hoy, lunes 1 de abril del 2019.

Vivanco señaló que la despenalización del aborto en casos de violación es una base necesaria para que Ecuador cumpla con los derechos humanos. “No existe limitación desde el derecho internacional para que Ecuador de paso al proyecto de reforma al COIP”, sostuvo durante su intervención ante Marcela Aguiñaga, presidenta de la Comisión de Justicia, los asambleístas que conforman esa comisión y activistas de derechos.

El representante de Human Rights explicó que, en términos jurídicos, la despenalización parcial del aborto no es incompatible con el derecho a la vida, puesto que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concluyó que no puede entenderse que los embriones sean personas.

Ese es uno de los argumentos de los grupos autodenominados provida, que se basan en el artículo 45 de la Constitución, que establece que el Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado desde la concepción.

Vivanco indicó que la disposición constitucional debe ser compatible y consistente con las disposiciones internacionales, incluyendo el derecho de las mujeres a la vida y a la salud.

Además argumentó que despenalizar el aborto en casos de violación tampoco es incompatible con la Convención de los Derechos del Niño. De hecho –precisó– despenalizar el aborto garantiza los derechos humanos de las adolescentes.

Según el defensor internacional de derechos humanos, incluso en países que protegen la vida prenatal, el derecho ha determinado que la protección de la vida no es incompatible con la despenalización del aborto.

Para demostrarlo citó el ejemplo de Alemania, que –asegura– tiene una constitución que plantea lo mismo que la ecuatoriana en este aspecto y, sin embargo, determinó que penalizar el aborto por violación va en contra de la dignidad de la mujer, al no prevalecer sus derechos fundamentales.

La criminalización del aborto –señaló Vivanco– obliga a las mujeres embarazadas a buscar procedimientos clandestinos que ponen en peligro su vida. “Organismos internacionales han señalado que esto implica tortura, trato cruel y degradante hacia la mujer”.

Para José Miguel Vivanco, cuando existe una violación, la prohibición de abortar reduce las posibilidades de que los violadores rindan cuentas por sus crímenes, ya que las víctimas no denuncian por miedo a ser perseguidas penalmente.

En el contexto ecuatoriano, esta realidad es aún más probable, debido a que en muchos casos los violadores son personas cercanas o familiares de las víctimas, dijo.

Marcela Aguiñaga manifestó que una de las preocupaciones de la Comisión es qué pasa con la decisión de niñas menores de 12 años, dado que por ley estarían en incapacidad de tomar la decisión de abortar o no.

Sobre eso, el defensor de derechos humanos precisó que el Estado debe encontrar los mecanismos para amparar a las víctimas y para sancionar a los responsables. “Se debe asegurar, amparar y proteger los derechos de la menor, sin que el consentimiento del padre, por ejemplo, sea un requisito para autorizar la interrupción del embarazo, ya que él mismo puede ser el responsable”.

Para la directora del Observatorio de Derechos y Justicia, María Dolores Miño, si bien las creencias religiosas deben ser respetadas, considerando que Ecuador tienen población mayoritariamente católica, estas no pueden ser vistas como un estándar de la interpretación de derechos humanos internacionales.

Para la abogada y activista, no es suficiente con recrudecer las penas para los violadores, sino que es necesario una mínima reparación para las mujeres y niñas víctimas de violación. Esto –asegura– se puede lograr permitiéndoles continuar con su proyecto de vida, sin obligar a terminar con un embarazo forzado.

Miño exhortó a los asambleístas a que consideren el concepto de salud en su totalidad, ya que según la Organización Mundial de la Salud (OMS), esta no solo comprende el estado físico, sino también el mental y emocional, que son aspectos que se afectan con una violación e irrupción de proyectos de vida por embarazos no deseados, explicó.

La representante del Observatorio de Justicia señaló que, según el COIP, uno de los causales de aborto es cuando las mujeres sufren de discapacidad mental. Para ella, esto implica reconocer que la mujer no tuvo la capacidad de consentir un embarazo, lo mismo que sucede en el caso de la violación.

Asimismo, considera que la adopción no es una solución, ya que el país no cuenta con un sistema de adopción efectivo, ni que pueda solventar todos los casos de embarazo por violación.

También indicó que para tomar las medidas que se plantean en las reformas al COIP es necesario dotar a los operadores de los sistemas de justicia y de salud de mecanismos adecuados para hacer cumplir la ley.

“Se necesitan médicos que tienen que administrar medicina en tiempos adecuados para el aborto, pero también acompañamiento psicológico para determinar si la niña esta ahí por voluntad propia”.

Virginia Gómez de la Torre, directora de la Fundación Desafío y activista, considera que el Estado “no puede seguir vulnerando los derechos de las niñas y mujeres ecuatorianas, obligándolas a maternidades forzadas”.

Por ese motivo, la vocera señaló que la Asamblea y, en especial la Comisión de Justicia, tienen un arduo trabajo en términos de no obstaculizar los derechos de las mujeres, comprendidos desde estándares internacionales.

“La vida de cientos de mujeres y niñas están en manos de ustedes”, dijo María Dolores Miño, al finalizar su intervención ante la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional.

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