DD.HH. cuestionan capacitación de agentes que operan en cárceles
En el video se ve a un grupo de internos sometidos en la cárcel de Turi, en un operativo. Foto: captura de video
El fallo judicial a favor de 13 internos de la cárcel de Turi, en Cuenca, generó reacciones en organizaciones de derechos humanos del país.
Tres organismos apoyaron la sentencia del juez penal Carlos Guzmán, quien el miércoles aceptó el recurso de hábeas corpus que presentaron los internos de ese centro de rehabilitación, por las agresiones que recibieron durante un operativo policial de la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO), el 31 de mayo pasado.
En la resolución, el juez dictó medidas de reparación para los procesados: atención psicológica, traslado de los afectados a otros centros de rehabilitación y el ofrecimiento de disculpas públicas por parte de los agentes involucrados y de las autoridades de los ministerios del Interior y de Justicia.
Este último punto incluso ya fue dispuesto en julio pasado por otro juez. Sin embargo, en la audiencia del miércoles, los internos agredidos manifestaron que no se cumplió.
De allí que en este nuevo fallo se da un plazo de cinco días para que las autoridades expresen las disculpas a través de un medio de comunicación.
Ernesto Pazmiño, defensor público general, señaló a EL COMERCIO que la agresión en Turi es un delito de “tortura”. Y cree que las disculpas representan una “sanción moral muy fuerte” para el Estado, pues se “reconoce que no hay un sistema de rehabilitación social con base en DD.HH.”.
Esto ha sido desmentido por el Ministerio de Justicia, ente que desde el 2012 ha capacitado a guías y agentes penitenciarios en esta materia. Y aclaró que quienes participaron en las agresiones del 31 de mayo son policías nacionales y no funcionarios de seguridad penitenciaria, quienes sí están cargo del Min. de Justicia.
Pese a esto, en la sentencia del miércoles también se da un plazo de un año para que Justicia e Interior capaciten a sus trabajadores en DD.HH.
Sin embargo, el juez reconoció que estos hechos fueron “aislados” y que “no responden a una política estatal”, según dijo Justicia en un boletín.
En eso no está de acuerdo César Duque, abogado de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos. Para él, el Estado sí es responsable de las agresiones de los policías, pues “son servidores públicos que realizaron el operativo en representación del Ministerio del Interior”. Y prueba de eso son los videos que fueron presentados en la audiencia.
En las imágenes se observa a un grupo de policías golpeando con toletes a internos que están en el piso, boca abajo.
“Fueron pisados y obligados a desnudarse mientras les proporcionaban descargas eléctricas sobres sus cuerpos”, denunció la Fundación Regional en DD.HH. (Inredh).
Este es otro de los organismos que criticaron la actuación policial. Abogados de esa entidad también participaron en la audiencia del miércoles.
Allí expusieron que no es la primera vez que estos hechos ocurren en el país y recordaron el caso de Daniel Tibi, un hombre que denunció al Estado por ser víctima de “tortura” durante su detención, en septiembre de 1995.
En el 2004, la Corte Interamericana de DD.HH. dispuso que el Ecuador indemnizara económicamente a Tibi y ordenó que los agentes que “lo torturaron fuesen enjuiciados civilmente y penalmente”.
Además del fallo del juez Guzmán, hay otras dos indagaciones abiertas contra los policías que agredieron a los internos. Una de las quejas la presentó la ministra de Justicia, Ledy Zúñiga, en la Fiscalía. A inicios de septiembre rechazó las agresiones perpetradas.
El Ministerio del Interior también abrió una investigación administrativa. José Serrano, titular de esa Secretaría de Estado, advirtió “que se indagarán a fondo esas brutalidades inadmisibles”. Recordó que “hay protocolos que deben cumplirse a cabalidad y los excesos deben ser sancionados”.
Por el momento, el juez Guzmán ordenó que los agentes que participaron en el operativo en el Turi no vuelvan a ingresar a ningún centro de rehabilitación social del país.
En tanto, las organizaciones de derechos humanos piden a las autoridades que acepten el fallo y organicen un nuevo sistema de capacitación integral en la que participen expertos.
No obstante, los funcionarios de las dos Carteras de Estado pueden apelar la decisión, una vez que el juzgado emita la resolución escrita.
En contexto
Una de las pruebas que analizó el juez Guzmán fue el video de seguridad de la cárcel. Esas grabaciones fueron verificadas por peritos de la Fiscalía, quienes aseguraron que las imágenes no fueron editadas ni adulteradas. Eso corroboró los hechos violentos.