Ciudadanos de segunda clase. Así dicen sentirse algunos miembros de la comunidad de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales e intersexo (Lgbti) en Ecuador.
El artículo 11, numeral dos de la Constitución, garantiza que todos son iguales y que gozarán de los mismos derechos. Y que nadie puede ser discriminado por sexo e identidad de género. Pero el matrimonio entre personas del mismo sexo o que estas parejas adopten no consta en la Ley.
Esa reflexión es de Fredy Lobato, periodista y activista, que recuerda que Pamela Troya y Gabriela Troya no han podido contraer nupcias. Tampoco ha podido ser reconocida Satya, hija de dos lesbianas, Helen Bicknell y Nicola Rothon.
Mientras haya instituciones a las que no accedemos por ser homosexuales, señala Troya, seremos ciudadanos de segunda.
Reclama porque los prejuicios impiden que familias homoparentales, de lesbianas, que tienen hijos con técnicas de reproducción asistida, no pueden reconocerlos ni pedir pensión alimenticia.
“La Constitución es bipolar”, cree la abogada de esas causas, Bernarda Freire, de Pakta. Comenta que cuando se enteran de que tiene un empleado homosexual buscan la forma de que se despeche y se vaya.
“¿Qué tan bien visto está ser homosexual si eres doctor, profesor?”, pregunta. Dice que algunos usuarios con esas profesiones disolvieron sus uniones de hecho, pues las reformas de la Ley de Gestión de Identidad y Datos Civiles piden que las uniones consten en la cédula. No quieren que se sepa su orientación sexual.
Esa ley permite que los trans coloquen su género en la cédula pero los activistas preferirían que fuera género universal. Los heterosexuales siguen con el sexo masculino y femenino. En estos meses difunden la campaña Voto informado Lgbti 2017. Piden que quienes resulten elegidos amplíen los derechos constitucionales.