21 de mayo de 2019 11:56

Ministerio tramita 1 094 inspecciones por incumplimiento laboral en contrataciones de extranjeros

Sixto Gamboa Solís, director regional de Trabajo y Servicio Público,

Sixto Gamboa Solís es director regional de Trabajo y Servicio Público. Foto: Mario Faustos / EL COMERCIO

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Jorge González
Redactor (I)

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Sixto Gamboa Solís, director regional de Trabajo y Servicio Público, habla sobre la situación laboral de ciudadanos extranjeros. Dice que hay tres tipos de anomalías que afectan -principalmente- a los venezolanos que residen en Ecuador.

Ciudadanos venezolanos en el país están siendo víctimas de explotación laboral ¿Qué se está haciendo el Ministerio para contrarrestar esa situación?

Por la cantidad de extranjeros, no solo venezolanos, que vienen a nuestro país buscando una plaza de trabajo, el 24 de enero a través de un Acuerdo Ministerial tuvimos que expedir un instructivo. Eso se lo hizo para controlar que los derechos laborales de todos los migrantes incluidos los venezolanos se cumplan.

¿Qué ordena ese instructivo?

Que todos los empleadores públicos y privados están obligados a llevar un registro muy aparte de los ciudadanos extranjeros que laboran en sus empresas, ese registro debe ser mensual y debe contener la identificación del trabajador, su número de pasaporte, el tipo de visa con el cual ingresó al país y la ocupación o cargo que va a ejercer dentro de la empresa, su jornada laboral y, lo principal, su remuneración. Ese contrato debe ser inclusive subido a nuestra plataforma informática para nosotros constatar que ese trabajador migrante extranjero esté a su vez afiliado al IESS.

¿Entonces el migrante debe estar regularizado en el país?

No necesariamente, la Ley de Movilidad Humana, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana les otorgó, especialmente a los venezolanos, un estatus migratorio que se denomina actualmente como un refugiado. Con ese carné de refugiado el venezolano puede acceder a una plaza de trabajo temporal hasta que pueda regularizar su estatus.

¿Hay un plazo?

Si mal no recuerdo es de 90 días.

¿Pero este instructivo está dirigido solamente para medianas y grandes empresas o también para las pequeñas?

A todo tipo de empresa, incluyendo a las de Economía Popular y Solidaria.

¿Cuál es la evaluación hasta ahora?

En nuestra regional que comprende Guayas, Bolívar, Los Ríos, Santa Elena y Galápagos del 1 de enero hasta el 10 de mayo del 2019 hemos logrado hacer 454 inspecciones. Si sumamos las nacionales, tenemos 3 971 inspecciones. De las de la regional, tenemos hasta ahora 285 que están en trámite de resolución.

¿Eso qué significa?

Que le doy un tiempo a la empresa para que regularice al trabajador.

¿Dónde se encontraron las mayores irregularidades?

En establecimientos en los que se lavan vehículos. En la Garzota encontramos un lugar en el que había 16 trabajadores venezolanos, pero solo ocho tenían un contrato. En los establecimientos nocturnos son los bares, cafeterías, restaurantes especialmente en las zonas llamadas de atracción turística.

De las que están en trámite en la regional, ¿cuántos extranjeros están comprometidos?

De las 285 inspecciones que están en trámite, hay un promedio de 15 extranjeros por cada establecimiento.

¿Cuál es la sanción para los establecimientos que incumplen los derechos laborales?

En el instructivo se dio un plazo de 30 días para que los empleadores regularicen a sus trabajadores extranjeros. En la actualidad yo les doy 10 días para que me presenten la documentación, caso contrario procedo a sancionarlos. Hasta aquí tenemos 18 empresas sancionadas. Si es persona natural lo sanciono con 10 salarios mínimos vitales (USD 3 940) y si es persona jurídica son 15 salarios básicos (USD 5 910). Esto es por cada trabajador.

¿A escala nacional cómo está la situación?

De 3 971 inspecciones, 1 094 están en trámite, 324 han sido sancionadas y archivadas 2 553. Estas últimas significan que los empleadores han cumplido con la regularización de los extranjeros.

Pero hay sectores en los que hemos identificado que hay casos repetitivos respecto a la falta de irregularidad, como en Urdesa…

Nosotros hacemos inspecciones aleatorias y focalizadas, van los inspectores y si se constata incumplimiento se sanciona aplicando el instructivo.

¿Cuáles son las irregularidades más fuertes que han hallado?

Hay tres anomalías: la falta de contrato, por ende la falta de afiliación al IESS y lo penoso es que se pagan sueldos menores al básico que equivale a USD 394.

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