Édison Espín cosechó sus 140 ha de arroz en este mes. Su terreno está en el recinto El Paraíso de Yaguachi. Foto: Mario Faustos/ EL COMERCIO.
Artesanos, pequeños productores agropecuarios e industrias comenzaron a recibir un menor volumen de combustibles con subsidio (diésel y gasolinas extra y ecopaís). La depuración de la lista de beneficiarios también arrancó.
Los cupos, también llamados cuantías, se crearon en el 2015 y permiten que esos tres pequeños sectores productivos accedan a un volumen de derivados a un precio por debajo del real. La diferencia en el costo la asume el Estado.
El 26 de diciembre del 2018 el Gobierno aprobó tres cambios en la entrega de la subvención, que ya comenzaron a ejecutarse.
El primero es una disminución de 500 galones al mes en el volumen de combustible con subsidio que recibían esos productores. Anteriormente se beneficiaban de hasta 2 000 galones mensuales.
Para definir el nuevo cupo se hizo un estudio histórico de los despachos dentro del mecanismo. El análisis determinó que la “mayoría” de beneficiarios consume menos de 1 500 galones al mes, explicaron autoridades energéticas.
El segundo cambio se hizo en la metodología para recibir el cupo. Ahora, en el volumen se incluyen todos los derivados. Antes se entregaban
2 000 galones por cada tipo.
Y por último, la autorización se da por Registro Único de Contribuyentes (RUC). Antes, ese despacho se hacía por establecimiento.
Este ajuste busca evitar que medianas o grandes industrias, que tienen registrados pequeños negocios, se beneficien del subsidio estatal.
En un conversatorio con la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión el 11 de enero, en Guayaquil, el ministro de Finanzas, Richard Martínez, dijo que “el reto es cobrar a los que no necesitan subsidio”.
Las tres modificaciones constan en la resolución 004-001 de la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero (ARCH), que norma este mecanismo de subsidio.
Previo a los cambios, la Arch registró un total de 14 231 autorizaciones activas destinadas a estas ayudas, pero hasta el 13 de este mes se contaron 12 000, según información oficial.
Los permisos tienen un plazo de un año. Una vez que vencen, los productores reciben las autorizaciones ajustadas a los nuevos parámetros o pasan al segmento industrial.
Arturo Pereira tiene una camaronera de 50 hectáreas (ha) en Hualtaco, El Oro, y dejó de ser parte de los beneficiarios.
El problema es que, con el cambio, ya no puede comprar gasolina en cualquier estación, sino en una surtidora industrial. En Hualtaco, explica Pereira, construyeron una estación de este tipo, pero no ha sido inaugurada porque existen pocos clientes y el negocio no es rentable. “Está mal hecha la norma porque no se tomaron en cuenta esos detalles”.
El camaronero optó por alquilar botes para transportar la producción. Cada flete cuesta USD 180. Esos valores son adicionales y no los tenía considerados en este año.
Edison Espín es arrocero y tiene una autorización de cerca de 1 000 galones de diésel premium con subsidio para abastecerse cada mes.
Ese permiso vence en marzo. El agricultor espera que el cambio en el parámetro de acceso al beneficio no lo afecte.
Si llegara a sentir algún impacto, el agricultor piensa seriamente en vender un terreno en Los Ríos para evitar ser catalogado como industrial.
Para Miguel Pérez, vicepresidente de la Asociación de Productores de Cacao Fino y de Aroma (Aprocafa), la resolución de la ARCH debía hacer diferencias en el cupo mensual que les dan, de acuerdo con el tipo de cultivo, la época de cosecha o producción e, incluso, la ubicación de los sembríos.
El directivo explica que hay zonas donde cuesta más producir y no se tuvo en cuenta.
En Los Ríos, por ejemplo, se requiere más diésel para riego y drenaje. En Santa Elena, por sus condiciones, los productores solo requieren de derivados para riego.
El ministro de agricultura, Xavier Lazo, insistió en que los pequeños agricultores no ocupan más de los 1 500 galones al mes. Pero reconoce que no se consideró, como un caso especial, a quienes también dan servicio de alquiler de maquinaria. “Ellos probablemente consumen más de 2 000 galones, entonces ese incremento va a incidir en el costo de producción”, dijo el 21 de enero.
La solución, para Lazo, está en la implementación del Registro Nacional Agropecuario, que funcionará como una cédula y permitirá monitorear de forma exacta necesidades de cada productor.