11 de octubre de 2018 00:00

La depuración se abre paso con dos casos

Los asambleístas Juan Cristóbal Lloret y Sofía Espín, ambos del correísmo, dialogan en el Pleno de la Asamblea. Foto: Vicente Costales / El Comercio

Los asambleístas Juan Cristóbal Lloret y Sofía Espín, ambos del correísmo, dialogan en el Pleno de la Asamblea. Foto: Vicente Costales / El Comercio

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Redacción Política

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En 10 días, la Comisión Multipartidista que ayer conformó la Asamblea Nacional para investigar a la asambleísta correísta Sofía Espín deberá presentar un informe para que sea discutido en el Pleno. Mientras tanto, se abre la posibilidad de otro proceso similar para Norma Vallejo, por supuestos cobros a asesores.

Así lo establece el artículo 164 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, el cual precisa que “en ningún caso esta Comisión presentará su informe sin que la asambleísta haya ejercido su derecho a la defensa durante la investigación, salvo que ella no se presente en el plazo de tres días”.

Espín afronta acusaciones de presionar a la exagente Diana Falcón, una testigo protegida, vinculada al caso de secuestro de Fernando Balda, en el que también está procesado el expresidente, Rafael Correa. Mientras que Norma Vallejo tiene acusaciones de supuestos cobros a exasesores.

La comisión para investigar a Espín estará integrada por los legisladores Fernando Callejas (Creo), Byron Valle, del bloque afín al expresidente Rafael Correa, y Jimmy Candel, del Bloque de Integración Nacional (BIN), que agrupa a los independientes y a las minorías.

La decisión se tomó ayer por la tarde en el Pleno, después de intensas reuniones entre la presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas, los jefes de las bancadas y los miembros del Consejo de Administración de la Legislatura (CAL).

De los 119 legisladores presentes en la sesión, 102 votaron a favor, 2 en contra y 15 se abstuvieron. La moción fue presentada por Ximena Peña, coordinadora de Alianza País.

En la votación, el asambleísta Jaime Olivo (PK) adujo alzando su voz que su grupo no había sido consultado y se abstuvo de votar. Candel atribuyó la decisión de Pachakutik a “una falta de coordinación e información” en el bloque del BIN, al que pertenece este movimiento.

El informe que elabore la Comisión no será vinculante. Para una destitución se requieren de al menos 70 ­votos de los 137 miembros de la Asamblea.

El proceso podría desembocar en la destitución de Espín, quien afronta esta situación por haber visitado a una testigo protegida que está involucrada en el secuestro del político Fernando Balda, en el que está vinculado Rafael Correa.

Esteban Bernal
(Creo), quien denunció a la legisladora ante el CAL, la acusa de haber ejercido funciones incompatibles con las que la Constitución y la Ley otorgan a un asambleísta.

Espín adujo que su conducta ya fue observada la semana pasada por el Pleno, por lo que rechazó que continúe adelante con este proceso. “Estaba visitando a una persona privada de la libertad, como muchas personas lo han hecho y en el cumplimiento de mis funciones, obviamente como veedora para conocer su caso”, dijo.

La legisladora catalogó como “equilibrada” a la comisión que se conformó para investigarla y dijo que afrontará el proceso con tranquilidad.

En la víspera, Soledad Buendía, legisladora correísta que forma parte del CAL, pidió que este organismo escuchara los argumentos de Espín.

Espín acudió a las 11:00, poco antes de que se instalara la sesión del Pleno, pero le pidieron que regresara a las 15:00. A esa hora ya no se presentó. “Me siento castigada como niña malcriada”, confesó.

El legislador socialcristiano Luis Fernando Torres, quien también forma parte del CAL, saludó con ella y le pidió que confiara en que la investigación se dará con transparencia.

El legislador Fabricio Villamar (Creo) anunció que impulsará un proceso de investigación contra la asambleísta oficialista Norma Vallejo, quien afronta denuncias de cobros indebidos. El legislador confirmó que envió un oficio para pedir que el Consejo de Administración de la Legislatura lo reciba, para presentar una denuncia juramentada.

“Un legislador no puede ejercer funciones de recaudador de ningún partido y menos todavía de los salarios de un funcionario de la Asamblea”, expresó Villamar. Torres informó que hoy se reunirá el CAL para analizar este tema. A su vez, recomendó a Villamar que acuda a una Notaría para protocolizar su denuncia.

Ximena Peña, coordinadora de Alianza País, manifestó que se debe respetar el debido proceso. También comentó que la legisladora Vallejo tiene complicaciones en su salud y que actualmente evalúa pedir una licencia.

Por otra parte, el Pleno también designó ayer como miembro de la Comisión de Gobiernos Autónomos al asambleísta José Serrano (AP), quien el 9 de marzo pasado fue destituido de la Presidencia de esta Función del Estado. La resolución fue aprobada con 110 votos afirmativos y 4 en blanco de 114 asambleístas presentes.

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