3 de abril de 2020 00:00

En dependencias judiciales se aplica mayor prevención

Habitualmente, en Quito, la asistencia se firma en la Unidad de Flagrancia. Foto: EL COMERCIO

Habitualmente, en Quito, la asistencia se firma en la Unidad de Flagrancia. Foto: EL COMERCIO

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Diego Puente

Ángel debe concurrir cada fin de mes al Complejo Judicial que funciona en el norte de Quito y presentarse en la Secretaría de la Sala Penal. Se trata de una medida que está obligado a cumplir luego de que los jueces aceptaran el pedido de pagar su condena en libertad.

Esta figura se denomina suspensión condicional de la pena y se la otorga a quienes, por ejemplo, son sancionados por delitos que no superan los cinco años de cárcel o que los antecedentes personales, sociales y familiares del sentenciado muestren que no es necesario recluirlo.

A cambio de no ir a prisión, él debe reportarse permanentemente ante una autoridad y firmar la asistencia. Pero asegura que el viernes pasado condujo su taxi hasta el edificio judicial y que las puertas estaban cerradas.

Entonces, se dirigió a la Unidad de Flagrancias, que se ubica en el centro-norte de Quito. Recuerda que ahí un policía le dijo que no era necesaria su presencia mientras dure la emergencia sanitaria por el covid-19.

En la puerta principal de la entidad está pegada una hoja fechada al 26 de marzo.

Tiene el membrete de la Fiscalía General y allí se exhorta a quienes tienen la orden judicial de presentarse a cambio de no estar encarcelado “no acudir a flagrancia y permanecer en aislamiento domiciliario”.

¿Quiénes tienen que presentarse en una oficina judicial? Las personas como Ángel, que se acogieron a la suspensión condicional de la pena, aquellos que recibieron el beneficio de la prelibertad o las personas que tienen medidas sustitutivas a la prisión preventiva.

Daniel Castellanos es abogado y maneja estos tres tipos de casos. Sabe que sus clientes se han encontrado con estos inconvenientes en las dos últimas semanas.

Advierte que, si bien en la Unidad de Flagrancias existe un comunicado, en el resto de dependencias “no hay información al respecto”.

La Corte Nacional de Justicia señala quela inasistencia del procesado o sentenciado podría justificarse ante el juez de la causa, una vez que cese la emergencia.

Antes del estado de excepción, en esta dependencia se presentaban, en promedio, 50 personas cada semana.

Quienes se encuentran en el desarrollo de un juicio y que recibieron medidas sustitutivas a la prisión preventiva también tienen inconvenientes. Es el caso de Andrés, investigado por el delito de ataque o resistencia luego de los sucesos de octubre del año pasado.

Su abogado le señaló que no tendría problemas legales. Él espera que cuando las cosas se normalicen pueda seguir reportándose, pues la norma indica que de no hacerlo puede ir a la cárcel, para pagar su sentencia allí.

Desde la Judicatura sí se emitió una directriz para suspender las presentaciones, pero en Guayas, provincia que acoge el mayor número de contagios por covid-19. La semana pasada, la entidad aceptó el pedido de los jueces para que los procesados y condenados dejen de concurrir a las unidades judiciales a presentarse durante la emergencia.

Pese a esta disposición, Jaime, quien se acogió a la prelibertad hace un año y medio, indica que hoy acudirá a Flagrancias de Guayaquil.

Indica no saber de los cambios y quiere registrar su firma de asistencia como lo ha hecho siempre.

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