11 de octubre de 2020 00:00

Quejas por despidos y vulneración de derechos laborales crecen en Ecuador

Al  Ministerio de Trabajo acuden personas a poner denuncias y a asesorarse. Foto: Julio Estrella / EL COMERCIO

Al Ministerio de Trabajo acuden personas a poner denuncias y a asesorarse. Foto: Julio Estrella / EL COMERCIO

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Evelyn Tapia
y Vanessa Silva. 
Redactoras (I)

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Nancy laboró 15 años en una empresa de seguros, pero en abril la despidieron. Se enteró por un correo electrónico del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), en el que le informaban que ya no estaba aportando.

“Esperaba USD 25 000 de liquidación, pero la empresa se acogió al caso fortuito y me pagaron solo USD 1 500”, cuenta.

Nancy puso una denuncia en el Ministerio de Trabajo y fue a una audiencia de mediación, pero no hubo acuerdo y llevó su caso ante un juzgado.

Las denuncias por vulneración de derechos que recibió el Ministerio de Trabajo en marzo sumaron 934. Pero en adelante, el promedio cada mes ha sido de 5 500 casos en Ecuador.

Entre el 16 de marzo y el 29 de septiembre se registraron 33 437 denuncias a través del Sistema Único de Trabajo (SUT) o el correo electrónico denuncias@trabajo.gob.ec.

El Ministerio aclaró que las denuncias no representan a igual número de trabajadores, ya que una misma persona puede presentar varias denuncias o plantear la queja por diferentes canales.

Según el Ministerio, la mayoría de quejas presentadas por ciudadanos es por supuesto despido intempestivo, pero durante el proceso de indagación se esclarece el tipo legal de la desvinculación, explica Carla Navarrete, subsecretaria de Trabajo.

“Existe un desconocimiento cuando se pone una denuncia. Lo único que la persona sabe es que se quedó sin trabajo”, refiere la funcionaria.

En las quejas, los exempleados cuentan que les impidieron el ingreso al trabajo o que les informaron que ya no vayan porque el contrato terminó.

En cambio, entre quienes continúan trabajando, las denuncias registradas son por acoso laboral y falta de entrega de los equipos de protección de bioseguridad.

Navarrete añade que se están registrando, además, reclamos de teletrabajadores que acusan falta de provisión de insumos e irrespeto del derecho a la desconexión.

Según el Ministerio, el 75% de las quejas han sido atendidas. Especialistas laborales explican que eso no significa que se resuelva el problema del denunciante.

Vanessa Velásquez, abogada laboral, detalla que el problema con las denuncias a través de la plataforma virtual de la Cartera (SUT) y por correo es que no terminan en una inspección presencial o una mediación de manera expedita, pues el exempleado, por desinformación, pone mal la queja.

El Ministerio responde que está mal puesta la denuncia, pero no se resuelve el problema del excolaborador.

Velásquez explica que, como todo es virtual, los afectados a veces esperan días hasta que les respondan cuál fue la verdadera causal que aplicó el empleador para terminar el contrato. Y recién ahí plantean la queja correctamente.

La experta señala que lo recomendable es solicitar directamente al Ministerio una boleta de citación para que un inspector de trabajo verifique la presunta vulneración y luego de esto la autoridad puede plantear a una mediación entre las partes.

Es el caso de la empresa de ‘catering’ en la que labora Verónica. Ella es gerenta financiera en esta firma y cuenta que en abril se debió desvincular a unos 80 trabajadores.

“Como no había dinero para pagar a todos como despido intempestivo, pedimos mediación y acordamos la terminación del contrato por acuerdo mutuo, con un bono variable para cada trabajador”, relata.

Navarrete reconoce, que por efectos de la pandemia, hubo un retraso en la atención, debido a la acumulación de los procesos, porque los inspectores no se daban abasto. Ella comenta que desde agosto los procesos se han agilitado.

Otra alternativa para plantear quejas laborales es acudir directamente a un juzgado. Carlos Carlosama, abogado laboral, recomienda plantear una querella por esta vía para ahorrar tiempo y pedir directamente, a través de un juez, por ejemplo, la cancelación de sueldos o liquidaciones.

Carlosama cuenta que está tramitando alrededor de 40 denuncias de exempleados que salieron de varias empresas por la causal de caso fortuito, cuando lo que correspondía era el despido intempestivo. También, tramita casos de personas a quienes se les bajó el salario sin acuerdo previo.

Es el caso de Telmo Elizalde, que planteó una acción en un juzgado, porque la firma petrolera le redujo el sueldo a la mitad, sin acuerdo previo como exigía el Código de Trabajo antes de la Ley Humanitaria.

Luis Chica, abogado de 57 extrabajadores que salieron por fuerza mayor de una fábrica que elabora dulces, explica que sus defendidos optaron por poner la denuncia ante un juez, porque en los diálogos previos la empresa no cedió a sus peticiones laborales.

La denuncia se puso en junio. “Estamos a la espera de que nos llamen a la primera audiencia”, cuenta.

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