8 de marzo de 2020 00:00

Miles de denuncias por violencia de género esperan una sentencia

María es una víctima de violencia de género. Ella se cambió de casa tras la agresión.

María es una víctima de violencia de género. Ella se cambió de casa tras la agresión. Foto: Galo Paguay / EL COMERCIO

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Ana Belén Rosero
Redactora (I)

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Su rutina cambió hace cuatro años. María tuvo que mudarse de oficina, cambiar su número de celular y vender su casa para que su exesposo no la encuentre y la agreda de nuevo.

Recuerda que en abril del 2017 rompió los vidrios e ingresó a la fuerza al departamento. La golpeó en la cabeza, rostro y cuerpo hasta dejarla inconsciente. El hecho ocurrió en el sur de Quito.

Tres días después presentó una denuncia en la Fiscalía, por violencia física. Dos años después acudió a la oficina del fiscal para preguntar cómo estaba su caso. El agente le dijo que el expediente seguía en la primera fase de investigación. Le explicó que por la carga de trabajo no ha podido revisar todos los expedientes a su cargo.

Desde el 2014 hasta el 2019, en las oficinas fiscales del país reposan 338 166 casos de delitos de género, que aún no han llegado a una sentencia en contra de los agresores. Solo de violencia física hay 23 292.

Por ejemplo, el 21 de marzo del 2016, Susana denunció a su yerno por los delitos de violencia física e intimidación.

Recuerda que un día antes fue a su casa a reclamarle porque no había depositado durante tres meses la pensión alimenticia de sus dos nietos.

“Me amenazó de muerte, me pegó en la cara e intentó ahorcarme. Tuve que empujarle y me marché”. Al recordar ese hecho se le quiebra la voz.

Ella indica que los procesos en Fiscalía continúan en fase de indagación previa. Ahora solo pide que se haga justicia.

La Fiscalía sabe que el año pasado su Departamento de Control Jurídico alertó a los agentes investigadores que hubo 70 881 causas de delitos de género que “superaron el plazo previsto para la investigación”. En el Código Orgánico Integral Penal (art. 585) se establece que una indagación puede durar entre uno y dos años.

Eso ocurrió con Verónica, una menor de 4 años, que desde el 2015 fue agredida sexualmente por su padrastro. En el 2017, la madre presentó una denuncia por violación.

Tres años después, la mujer pidió que cambiaran de fiscal, pues el proceso no avanzaba.

El caso pasó a la segunda fase de investigación recién en diciembre del 2019 y el sospechoso fue procesado.

Los fiscales dicen que están saturados de denuncias. Hay agentes que acumulan 6 320 expedientes desde hace siete años y cada mes reciben 43 denuncias por delitos sexuales.

Por ejemplo, este Diario visitó un despacho de la Fiscalía de Género de Pichincha. Hay tres escritorios y en cada uno hay carpetas que están apiladas.

Otros dos anaqueles están repletos de documentos y en el suelo hay alrededor de 10 cajas con papeles legalizados.

La agente que trabaja en esa oficina advierte que la carga de trabajo es muy fuerte.

La funcionaria cuenta que hay días en los que labora hasta las 21:00, para tratar de avanzar en los casos. También lo hace en fines de semana o feriados.

En su oficina ha visto cómo las causas no pueden llegar a una sentencia, pues el sospechoso se fugó y no se lo puede juzgar en ausencia. Por ejemplo, en un despacho fiscal de Cotopaxi reposa el caso de Carla, una niña de 11 años que fue violada por su abuelo.

El ataque habría ocurrido en la casa de su familiar. Su madre puso la denuncia en el 2015 en contra del sospechoso, pero hasta el momento no se logra una sentencia, pues no se pudo avanzar a la etapa de juicio. El sospechoso está prófugo.

Otra de las razones para que los expedientes no avancen es que las víctimas o sus familiares desisten de seguir el caso.

En el 2017, una niña de 10 años fue agredida sexualmente por su padre. Para evitar que procesen a su esposo, la madre hizo que ella no diera su versión.
Ante lo que ocurre, los fiscales piden más personal para poder evacuar las causas.

Actualmente, en el país operan 308 fiscalías que receptan denuncias de violencia de género, pero apenas 73 son especializadas para manejar delitos sexuales. Las 235 restantes investigan este y otros ilícitos.

La Fiscalía calcula que se necesitaría el doble de agentes investigadores de los que trabajan actualmente. Pero advierten que existen dos problemas.

Uno es el presupuesto y el otro es el hecho de que no pueden contratar funcionarios, pues esa competencia la tiene el Consejo de la Judicatura.

En el 2019 se contrató a 12 fiscales para seis provincias y se solicitó seis más. Fiscalía indica que para este año no se podría contratar a otros, porque el presupuesto disminuyó. Por ejemplo, en el área donde se tratan temas de género bajó de USD 6 millones a 5 millones.

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