En el país, un estudio de 2015 muestra que 6 de cada 10 estudiantes de 11 a 18 vivieron agresiones de compañeros. Foto: Julio Estrella/ EL COMERCIO.
Golpes, apodos ofensivos, robo de pertenencias o propagación de rumores y más agresiones por medios electrónicos son las formas de violencia entre estudiantes.
En el país, el nivel declarado de incidencia de violencia escolar entre pares (alumnos) llega al 58,8%. Esto quiere decir que aproximadamente seis de cada 10 estudiantes, de entre 11 y 18 años, han sido víctimas de al menos un hecho violento.
Lo dice el informe ‘Una mirada en profundidad al acoso escolar en Ecuador, violencia entre pares en el sistema educativo’. Lo presentaron Unicef y otras ONG, con el aval del Ministerio de Educación, hace un año. La investigación se hizo en 126 planteles públicos y privados, en el 2015.
Desde hace dos semanas, el video de una pelea entre colegiales ha sido comentado en redes sociales. En 27 segundos, se observa a un chico dar un cabezazo a otro, que cae al piso. Un grupo de estudiantes atestigua la escena y no los separa.
El caso ocurrió hace dos años, afuera de un colegio particular de Quito, cuya pensión mensual supera los USD 500. Y se hizo público cuando los familiares de los involucrados presentaron sus posiciones en Facebook y Twitter.
Esto luego de que la justicia resolviera que uno de los jóvenes debe acudir, todos los fines de semana, durante seis meses, a un Centro de Adolescentes Infractores. La razón: del lado del agredido se argumentó que por la pelea perdió un diente, quedó con lesiones en la nariz y con problemas de visión.
Hechos de este tipo se repiten en todo el país. Solo en el Distrito Metropolitano de Quito, en este año lectivo se reportaron 80 casos de violencia entre alumnos dentro del sistema educativo. Y también se registraron otros 31 incidentes que ocurrieron fuera de los planteles, según la Subsecretaría de Educación de Quito.
Sybel Martínez, directora de Rescate Escolar, comentó que en Cumbayá, al oriente de la capital, existe una zona denominada ‘Springfield’, en donde se pactaban enfrentamientos físicos entre estudiantes.
Casos como esos se producen -anota- debido a que los adolescentes no aprenden a solucionar sus problemas de forma no violenta. Por eso, considera urgente que las instituciones implementen políticas de prevención y atención a la violencia escolar, con la participación de profesores, padres, chicos y autoridades.
En el momento, según la gravedad de las faltas, los alumnos involucrados en peleas pueden ser amonestados, suspendidos o separados definitivamente del colegio. De darse esta última sanción, el estudiante es reubicado en otro establecimiento de la zona.
En el caso de las suspensiones, los estudiantes no asisten al colegio durante 15 días. En ese tiempo se hacen adaptaciones curriculares y se envían tareas especiales a la casa.
Con el objetivo de evitar que se presenten más casos, el Ministerio de Educación ejecuta talleres preventivos y programas de acompañamiento.
El subsistema municipal también implementó un programa de capacitación orientado a estudiantes de bachillerato. Ellos reciben charlas sobre las implicaciones administrativas y penales que pueden ocasionar los actos violentos. Lo indicó Pedro Fernández de Córdova, secretario de Educación Metropolitana de Quito.
De todos los casos que llegan al despacho de esa Secretaría, el 3% está relacionado con violencia física entre estudiantes.
En Quito, actualmente funcionan dos Juntas de Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. De las 1 200 denuncias que llegan anualmente a esas dependencias, ubicadas en el Centro Histórico y La Delicia, el 50% corresponde a casos de vulneración en el sistema educativo, entre ellos, violencia entre pares. Así lo apuntó Byron Cuesta, responsable de las Juntas. Allí brindan apoyo psicológico y acompañamiento socioeducativo a las víctimas.