Dos vocales del Cpccs y un asambleísta hicieron el pedido. Foto: Diego Pallero / EL COMERCIO
Un nuevo frente se abrió para resolver el caso de supuestos datos falsos en la aprobación de la candidatura del actual presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), José Carlos Tuárez.
El pasado jueves 27 de junio de 2019, llegaron a la Contraloría General tres pedidos de examen especial para que se investigue el proceso de calificación de las postulaciones al Cpccs y la declaración juramentada, sobre inhabilidades y declaración de bienes del Presidente del Cpccs.
El pedido de revisión de los requisitos e inhabilidades para los candidatos al Cpccs, lo hicieron los consejeros Sofía Almeida y Christian Cruz, quienes forman parte de la minoría del actual Consejo.
La elección de los consejeros, que se dio el 24 de marzo pasado, estuvo a cargo del Consejo Nacional Electoral Transitorio (CNE-T).
Almeida dijo que a su despacho llegaron denuncias sobre supuesta falsificación de documentos.
Por su parte, Marcelo Simbaña, asambleísta de Creo, presentó dos pedidos a Contraloría. Uno se refiere a un examen a la declaración juramentada presentada por Tuárez en su postulación. También pidió que se examine la declaración jurada de bienes.
“Es público y notorio que hay cierto grado de irregularidades en este proceso. Se necesita transparentar la información y que sea Contraloría la entidad encargada de destituir a los funcionarios que no cumplan con la Ley”, señaló.
Mientras tanto, la Comisión de Participación Ciudadana continúa con la investigación del caso Tuárez. Ayer, Raúl Tello, presidente de esa mesa legislativa, convocó al presidente del Cpccs para que responda sobre las acusaciones.
El tercer frente está en la Fiscalía, donde la Asociación de Trabajadores de la Educación (UNE) presentó una denuncia contra Tuárez.