16 de diciembre de 2019 00:00

En 24 horas se debe denunciar los delitos detectados en el aula

El protocolo de la Fiscalía fija un testimonio único en cámara de Gesell, donde los niños cuentan lo que vivieron. Foto: Enrique Pesantes / EL COMERCIO

El protocolo de la Fiscalía fija un testimonio único en cámara de Gesell, donde los niños cuentan lo que vivieron. Foto: Enrique Pesantes / EL COMERCIO

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Elena Paucar
Redactora (I)
epaucar@elcomercio.com

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Han pasado dos años y dos meses y la pesadilla aún está lejos de terminar. Era octubre del 2017, cuando Mercedes (nombre protegido) denunció la tragedia que su hijo vivía en los baños de la escuela pública de Guayaquil, adonde acudía.

Una tarde, sentado en sus piernas, el niño que apenas tenía 7 años le hizo una dolorosa confesión. Había sido víctima de violencia sexual junto con otros tres niños de su salón. “Quiero que todo acabe para tener paz. En cada audiencia revivimos todo”, dice cansada.

Aunque dos maestros fueron sentenciados por violación, el caso no se cierra por un pedido de ampliación de la pena a 40 años de cárcel. El fallo incluyó la apertura de otras dos indagaciones por abuso sexual y pornografía infantil.

Y resta el proceso contra la exrrectora del plantel y la exdirectora del
distrito educativo, cuestionadas por presuntamente ocultar evidencias. A fines de noviembre, la toma de versiones por supuesto fraude procesal continuaba contra ambas.

César Peña pidió esa investigación. El fiscal escaló las rejas del plantel con una orden de allanamiento, ante el bloqueo que habría dispuesto la rectora. “Estas irregularidades -remarca- originaron hasta cierto punto un retraso en la captura de uno de los implicados y atrasos en la investigación”.

Ese día, uno de los docentes huyó. El fiscal Peña detectó que la institución conocía del delito, “pero se manejó reservadamente entre ellos”.

Este caso no solo generó que otros más salieran a la luz; también puso bajo análisis los protocolos frente a estos delitos.

Eileen Cornejo, analista de Educación para la Democracia de la Zona 8, dice que los planteles tienen 24 horas para alertar a Fiscalía, desde que detectan el caso. “Todo acto de violencia sexual se denuncia, sin intermediación con el agresor. De no hacerlo, el representante legal y quien conoció
el caso al inicio son cómplices”.

Esta disposición rige tanto para instituciones educativas públicas como privadas. En noviembre, un profesor de un colegio particular del cantón Quevedo, en Los Ríos, fue captado cuando presuntamente intentaba grabar con su celular bajo la falda de una alumna de segundo de Bachillerato.

Gary Pulla, coordinador zonal 5 de Educación, dice que presionaron a los directivos para denunciar el supuesto acoso sexual. Lo hicieron un día después de que el video circulara en las redes y antes habían separado al maestro implicado, quien desapareció.

“Se hizo el seguimiento. Pero al ser un plantel particular, nuestra competencia no llega a establecer sumarios administrativos (…). Ellos tienen otra normativa y sacaron al docente de la institución, como sanción”, señala el coordinador.

La Fiscalía de Los Ríos investiga al profesor por abuso sexual. La Policía hizo operativos para ubicarlo, pero la fiscal a cargo no confirmó si fue detenido. El proceso avanza con la toma de versiones y para no revictimizar a las alumnas se les tomará un testimonio único, en cámara de Gesell.

Cornejo explica que los procedimientos desde Educación incluyen medidas de protección como el aislamiento del presunto agresor, para evitar el contacto con la víctima; así como el cambio de plantel del estudiante o clases asistidas en casa. Y es obligatorio coordinar la ayuda psicológica, a través del Ministerio de Salud.

Las medidas son parte de un esquema que va desde la detección, la intervención y derivación, hasta el seguimiento. Si un docente recibe una alerta de algún tipo de delito, debe reportarlo al Departamento de Consejería Estudiantil. Este elabora un informe que se comunica a los familiares, previo a su envío a la Fiscalía.

Antes de octubre del 2017, miles de estos expedientes no habían sido judicializados. De enero del 2018 a octubre del 2019, la Fiscalía registró 5 689 denuncias por seis tipos de delitos sexuales contra menores en el país. El 84% está en investigación, una fase inicial; y apenas el 5% está en fase de juicio.

Mercedes ha vivido la angustia de un largo proceso. Su hijo aún va al psicólogo y acude a un plantel particular por seguridad, pero solo hasta este año tendrá la cobertura de útiles, uniformes y movilización. En febrero de 2020, ella deberá ir a una nueva audiencia.

En contexto

En noviembre, por redes sociales, se hizo público el caso del profesor de un plantel particular de Quevedo, que filmaba bajo la falda de alumnas, mientras corregía tareas. El Ministerio lo confirmó y defensores de niños condenaron ese nuevo abuso.

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