Washington, AFP
Un contratista de Chevron habría amañado pruebas a solicitud de la petrolera estadounidense dentro del millonario litigio con pobladores de la Amazonía ecuatoriana, según pruebas presentadas este martes por un abogado que trabaja con los demandantes.
En más de seis horas de conversaciones grabadas y 25 páginas de “chat”, el abogado Diego Borja revela que Chevron lo contrató para crear cuatro compañías que aparecieran como “independientes” que adelantaron pruebas sobre la contaminación ambiental, según el abogado Grant Fine.
Las pruebas servirían a Chevron en el juicio iniciado por 30 000 pobladores de la Amazonía ecuatoriana, que reclaman indemnizaciones por 27 000 millones de dólares, por considerarse afectados por la contaminación causada por la petrolera entre 1964 y 1990, que provocó según ellos un millar de muertos.
“Las conversaciones grabadas contienen un número de admisiones de fechorías de Borja y Chevron. Las grabaciones ponen en entredicho la idea de que Borja hizo los videos por razones de deber cívico, como Chevron indicó en una nota de prensa del 31 de agosto de 2009”, dijo Fine en su informe.
El informe fue distribuido por la organización Coalición en Defensa del Amazonas.
Asimismo, las pruebas muestran que la esposa de Borja, Sara Portilla, trabajó para Chevron por cuatro años como representante de un laboratorio estadounidense que la petrolera describió como “independiente”, que hizo análisis de las muestras contaminadas.
En las conversaciones, Borja aseguró que Chevron le pagaba un sueldo de 10 000 dólares mensuales y la renta de su casa.
Las declaraciones de Borja fueron realizadas a Santiago Escobar, un amigo de la infancia que las grabó al irritarse por el trabajo del contratista de Chevron, y que las hizo llegar a la Coalición, según Fine.
En un comunicado a la prensa, Chevron rechazó las acusaciones y dijo que parecen “un esfuerzo para desviar la atención de la evidencia que prueba que los abogados de los demandantes han falsificado informes desde el principio del proceso”.
“Los abogados de los demandantes han intentado por años demostrar sin éxito contaminación y daños sin pruebas legítimas o informes médicos que sustenten sus reclamos”, afirmó Chevron.
En un juicio paralelo, la Corte Permanente de Arbitraje, con sede en La Haya (Holanda), decidió el 30 de marzo que Ecuador indemnice por 700 millones de dólares a Chevron por violar un tratado comercial bilateral.
Según el gobierno de Rafael Correa, Chevron adelanta una campaña internacional para desprestigiar a la justicia de Ecuador en el marco de la millonaria demanda ambiental que lleva más de 10 años sin resolverse.