15 de junio de 2020 13:53

Asambleísta pide en la Fiscalía que se allane 12 empresas públicas que habrían aportado a campaña de Consulta Popular del 2018; CNE se pronuncia

El asambleísta Fabricio Villamar presentó una denuncia en la Fiscalía, y solicitó que se allanen 12 empresas públicas por una supuesta aportación a la campaña de la consulta popular del 2018. Foto: Twitter Fabicio Villamar

El asambleísta Fabricio Villamar presentó una denuncia en la Fiscalía, y solicitó que se allanen 12 empresas públicas por una supuesta aportación a la campaña de la consulta popular del 2018. Foto: Twitter Fabicio Villamar

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El asambleísta Fabricio Villamar presentó una denuncia en la Fiscalía por un presunto mal uso de recursos de empresas públicas para la campaña de la Consulta Popular y Referendo, que se realizó el 4 de febrero del 2018.

La denuncia se presentó a las 09:30 del lunes 15 de junio del 2020, en las instalaciones de la Unidad de Flagrancia, en el norte de Quito.

El legislador Villamar también entregó una carta de cuatro páginas dirigida a la fiscal general, Diana Salazar. Allí se solicita que se realicen allanamientos a 12 empresas públicas, que presuntamente entregaron USD 5 millones para esa campaña.

Además, solicitó que un juez disponga la prohibición de salida del país en contra de 12 personas, entre ellas Jorge Wated y los gerentes que estaban al frente de esas instituciones cuando se realizó la Consulta Popular.

Wated, ahora presidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), y en su cuenta de Twitter dijo: "Fui el coordinador de campaña y mi función no fue manejar recursos electorales, sino del tesorero, quien presentó toda la información al CNE".

El presidente de la República, Lenín Moreno, también reaccionó el domingo 14 de junio del 2020 en su cuenta de Twitter. "Solicitaré de inmediato que se investigue la contabilidad de las empresas públicas mencionadas", escribió el Primer Mandatario.

Además, Ronny Aleaga, legislador de la bancada correísta, dijo este lunes que la Fiscalía ya le tomó su versión a las 20:00 del domingo. Indicó que la diligencia se desarrolló vía telemática y que las declaraciones las recogió la fiscal Mayra Soria.

Aleaga dice haberle preguntado a la Fiscal el por qué se le toma la versión “un domingo y tan tarde” y que le habría respondido: “para avanzar con las diligencias”.

En esa declaración habría dicho que el 11 de octubre del 2019 ya presentó una denuncia por este caso y que en esa fecha entregó toda la documentación a la Fiscalía.

El asambleísta correísta asegura haber entregado, por ejemplo, un cuadro de Excel en el que se detallan los aportes que entregó cada entidad.

Entre tanto, el Consejo Nacional Electoral (CNE) todavía no aprueba el examen de cuentas de campaña correspondiente al referendo y consulta popular del 2018. Así lo confirmó el consejero electoral, José Cabrera.

El funcionario aseguró que el informe registra un avance del 95%. Sin embargo, indicó que el 10 de marzo pasado, el CNE solicitó al Servicio de Rentas Internas (SRI) levantar un informe sobre el origen de los recursos recibidos en la campaña impulsada por el movimiento oficialista Alianza País (AP).

El pedido se enmarcó en el exhorto que hiciera la Asamblea Nacional para que el CNE revisara con nuevos parámetros las cuentas de campaña de procesos anteriores, a raíz del caso Sobornos 2012-2016.

"El SRI todavía no ha enviado esa información y por eso no hemos podido aprobar el informe", comentó Cabrera. Inicialmente, el plazo para aprobar el examen de cuentas de campaña de la consulta popular vencía el 21 de mayo del 2020.

Sin embargo, Cabrera afirma que aún están a tiempo, pues durante la emergencia sanitaria se dispuso la suspensión de términos y plazos en los trámites. El consejero reveló que el movimiento Alianza País (AP) reportó una liquidación de cuentas de campaña del referendo y consulta popular, que asciende a USD 607 071,93.

La presidenta del CNE, Diana Atamaint, en entrevista con Pichincha Universal, recordó que el CNE es un ente administrativo y que sus informes se basan en lo que dispone el Código de la Democracia. "Nosotros revisamos que no se excedan los montos permitidos, que los documentos estén en regla, dentro de los plazos, si los aportes fueron en efectivo. La licitud de los fondos y otras irregularidades, que tienen carácter de delito, eso le corresponde a la Fiscalía investigar", comentó.

Sin embargo, adelantó que, como parte del examen de cuentas de campaña, se identificaron aportantes que hicieron donaciones de decenas de miles de dólares, pero que en su declaración de impuesto a la renta registran montos mínimos.

"Hay aportes de USD 35 000, de USD 63 000, de USD 42 000, de USD 39 000. Unos tienen declaraciones de impuesto a la renta de USD 0, otros de USD 19. Por ejemplo alguien que aportó USD 14 000, tiene en el 2017 una declaración del impuesto a la renta de USD 9. Son hallazgos, pero determinar de dónde sacaron esos recursos, la licitud, eso ya le corresponde a la Fiscalía", dijo Atamaint.

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