Redacción Sociedad
Que una Corte de Justicia de Estados Unidos abra una indagación sobre los videos. Eso anunciaron esta mañana en una conferencia de prensa, en Ciespal, los demandantes contra la petrolera estadounidense Texaco (hoy Chevron) sobre las filmaciones que, supuestamente, revelan un intento de soborno.
Cuatro días antes, Chevron puso en la web videos sobre cuatro reuniones. En dos de estas aparece el juez Juan Núñez, en cuya Corte está el juicio iniciado en 1993 por los afectados de la Amazonia.
Luis Yanza, coordinador de la Asamblea de Afectados de la Amazonia, consideró que “no es más que una obra de teatro armada por ellos, con la única finalidad que la justicia se imponga y evitar su responsabilidad de reparar los daños. Es uno más de los perversos capítulos de una larga cadena de corrupción de la que está acostumbrada Chevron”.
James Craig, vocero de Chevron para Latinoamérica, dijo vía telefónica a este Diario que los demandantes atacan a su empresa sin fundamentos ni evidencia. “Más bien deberían preocuparse por las gravísimas irregularidades en este juicio, comenzando por la conducta impropia e indebida del juez Núñez”. Craig insistió en que Núñez sea removido del caso y sus fallos sean anulados.
El juicio en este caso está en el tramo final, después de completar las inspecciones periciales y otras diligencias. Se calcula que máximo hasta enero de 2010 se dictaría sentencia.
Sin embargo, Yanza consideró que estos videos son un mecanismo de Chevron para prolongar el proceso. “Las pruebas reportadas durante el juicio en la Corte son contundentes en contra de ellos. Cualquier juez, el actual u otro, que deba dictar sentencia sí actúa con absoluta transparencia obligaría a que Chevron responda”.
Craig replicó que la petrolera no aceptará cualquier sea la sentencia por considerar que “el proceso está lleno de irregularidades. Este juicio no se terminará en este década ni en la otra”.
Un informe perital de Richard Cabrera sugirió al Juez que Texaco debería pagar USD 27 000 millones para la remediación de los daños ambientales causado durante sus operaciones en la Amazonia entre 1964 y 1990.
Pero Pablo Fajardo, abogado de los demandantes, advirtió que ese monto sería insuficiente y que debiera ser de USD 34 000 millones.
El representante jurídico de los afectados insistió que se analizan las opciones de las cortes de Nueva York y California, en EE.UU., para pedir la indagación. Las leyes de los dos estados facultan esa posibilidad.