Ana Suda (izq.) y Martha Hernandez presentaron una demanda contra el agente fronterizo que las retuvo por hablar en español en el estado de Montana. Foto: https://www.aclu.org/
Dos mujeres presentaron una demanda en contra de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés), por la actuación de uno de sus agentes el 16 de mayo del 2018. El año pasado el uniformado las retuvo y les solicitó su identificación por “hablar español”, cuando ellas se encontraban en un estacionamiento de Montana, a 70 kilómetros de la frontera con Canadá.
El portal The New York Times publicó la noticia de la querella el lunes 18 de febrero del 2019. Según la demanda, interpuesta el 14 de febrero por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) en representación de las mujeres, el oficial Paul A. O’Neal les habría preguntado “seriamente” a Ana Suda y Martha Hernandez dónde nacieron, después de que al uniformado le resultara “muy fuerte” el acento de las estadounidenses.
En ese entonces, Suda y Hernandez se disponían a pagar en la fila de una tienda, cuando el agente las preguntó por su lugar de su nacimiento, después de oírlas hablar. Ana Suda respondió que provenía de Texas y Martha Hernandez de California, respectivamente.
La respuesta no convenció al agente fronterizo, quien les pidió su identificación. La detención demoró cerca de 40 minutos. Ambas decidieron grabar la actuación del uniformado. Una de ellas cuestionó el porqué de su detención durante el registro.
“Señora, la razón por la que le pedí su identificación es porque vine aquí y las oí hablando en español, algo que no se suele escuchar por estos lados”, se justificó el agente.
“Esto es por un perfil racial, ¿cierto?”, lo increpó la mujer. “No tiene nada que ver con eso, tiene que ver con el hecho de que estaban hablando español en un estado que habla principalmente inglés”, reiteró O’Neal.
Suda y Hernandez se sintieron afectadas por la situación y recurrieron a la Justicia de EE.UU. Los abogados de las demandantes consideran que el agente debió dejar ir a las mujeres, en cuanto comprobó que las identificaciones concordaban con sus respuestas.
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) argumenta que la CBP violó la cuarta enmienda de la Constitución. “El derecho a la privacidad y el derecho a no sufrir una invasión arbitraria“. La organización añadió que es inconstitucional que el oficial detuviera a las víctimas a causa de su idioma, acento o raza, publica en su nota el Times.
Al ser consultado sobre el caso, Jason Gives, vocero de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, no ofreció comentarios sobre litigios pendientes, de acuerdo con las políticas de la agencia.
“Sin embargo, la ausencia de comentarios no debería interpretarse como concordancia o estipulación con ninguno de los alegatos”, mencionó Gives para The New York Times.