Delator reveló primeras pistas del Sai Bank

El jueves, policías y fiscales allanaron las oficinas del banco, en Guayaquil; y un departamento, en Quito. Foto: Fiscalía

El jueves, policías y fiscales allanaron las oficinas del banco, en Guayaquil; y un departamento, en Quito. Foto: Fiscalía

El jueves, policías y fiscales allanaron las oficinas del banco, en Guayaquil; y un departamento, en Quito. Foto: Fiscalía

A 1 738 kilómetros de Ecuador está Willemstad, la capital de Curazao. En este paraíso fiscal, ubicado frente a Venezuela, se encuentra domiciliado el South American International Bank (Sai Bank).

Dos sucursales de esta entidad financiera operaban sin autorización en Quito y en Guayaquil. Por eso, desde ayer (viernes 24 de agosto del 2017), tres empleados del banco permanecen detenidos por posible captación ilegal de dinero.

El artículo 323 del Código Integral Penal establece sanciones de entre cinco y siete años de cárcel por ese delito.

Este proceso se suma a otros cuatro expedientes abiertos por la trama de corrupción de Odebrecht.

La fiscal Diana Salazar, coordinadora nacional de la Unidad Anticorrupción, decidió activar esta indagación, tras detectar que parte de las coimas de la constructora se movieron a través del Sai Bank.

Las primeras pistas de los pagos irregulares se conocieron en junio pasado, cuando la Fiscalía recibió audios y videos grabados por José Conceição Santos, exdirectivo de Odebrecht en Ecuador. Otro indicio fue la declaración libre y voluntaria de Daniel Borja, asesor financiero del banco, y uno de los tres procesados el viernes, en Quito.

En la audiencia, Salazar recordó que Borja respondió 26 preguntas el 22 de junio. Relató, por ejemplo, que la “parte operativa” del Sai Bank se maneja en Willemstad, y las “oficinas de representación de esta entidad, desde Cuenca”.

María Paola Alvear y Juan Sarmiento, los otros dos detenidos, trabajaban en esta última ciudad y, según las investigaciones, sus firmas constan como autorizadas para los trámites que ejecutaba el banco.

Los seguimientos judiciales refieren que para abrir una cuenta, los potenciales clientes debían pagar, como mínimo, USD 5 000. Además, desde Curazao, los ejecutivos rastreaban los ingresos y riesgos.

“Previo al envío de valija se escaneaban todos los documentos para ser analizados (en Curazao), si no pasaban (la inspección), ya no se enviaban los documentos y se los destruía, porque ya no tenían validez”, comentó Borja el 22 de junio.

Esa versión fue exhibida la madrugada ayer por la fiscal Salazar. El sospechoso aseguró que los dueños del Sai Bank son los ecuatorianos Juan y Juan Pablo Eljuri.

La investigadora corroboró la información con un reporte
de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE).

Esa entidad analizó además los movimientos de Borja y detectó aparentes irregularidades, debido a que los montos que él transfirió al exterior superaron sus ingresos declarados al SRI. Entre el 2012 y 2013, la Uafe también reportó diferencias entre la plata que recibió y sus depósitos en bancos.

En su versión del 22 de junio, este asesor financiero aseguró que sus ingresos ascendían a USD 4 000 mensuales. Y dijo que tenía un vehículo de segunda mano del 2013, y un departamento en el sector Quito Tenis, avaluado en USD 200 000­. “Está hipotecado con una deuda de USD 140 000”.

La UAFE también advirtió inconsistencias en los movimientos de Alvear y Sarmiento, quienes reconocieron su relación con el Sai Bank. En la audiencia, sus abogados cuestionaron los cargos y dijeron que demostrarán su inocencia.

Además del Sai Bank, la Fiscalía indaga a otras dos entidades financieras que facilitaron el pago de coimas de Odebrecht en Ecuador. Se trata de Amicorp, domiciliada en Hong Kong e India, y de Sentinel Mandate & Escrow, con sede en las Islas Vírgenes.

En una presentación, Amicorp dice que oferta acciones en compañías holding en Bolsa, “como una vía para mantener la confidencialidad del dueño de la sociedad y así optimizar la carga fiscal”. O promocionan canales que “permiten viabilizar préstamos desde el exterior, eliminando gastos a nivel local”.

De Sentinel Mandate & Escrow se sabe que habría facilitado pagos ilegales en el caso Petroecuador y de Odebrecht.

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