Defensoría Pública pide la amnistía para saraguros sentenciados

El defensor Público General del Ecuador, Ernesto Pazmiño Granizo, expresó su preocupación por “las penas desproporcionadas que se están registrando en el país”. Lo hizo a través de un comunicado de prensa que fue difundido la noche de este martes 31 de mayo del 2016.

Se refiere específicamente a la sentencia de cuatro años de cárcel que recibieron Luisa María Lozano y Servio Amable Angamarca, integrantes del pueblo Saraguro, por el delito de obstaculizar el servicio público.

Los dos eran parte de un grupo de 29 indígenas saraguros que, en agosto pasado, fueron detenidos en una protesta en contra del Gobierno, en la provincia de Loja, en el sur del Ecuador.

Contra 22 de ellos se abrió un proceso judicial y el lunes 30 de mayo, el Tribunal de Garantías Penales de Loja emitió el fallo para el primer grupo de 10 procesados: ocho de ellos fueron declarados inocentes y dos culpables.

Según Pazmiño, esta sentencia “reafirma la tesis de que América Latina es el continente más desigual del planeta, porque además de la pobreza la ley penal recae con mayor fuerza sobre los más débiles”, dice.

El Defensor detalla su preocupación de que en otros casos “muy graves y de notoriedad pública las penas han sido 'suaves', a saber: un año por lavado de activos en el caso FIFA-Gate; ocho meses en el caso de venta de pases en la Policía; tres meses en el caso de un exministro procesado por peculado; tres años por una estafa masiva a centenares de personas en planes de vivienda, entre otros. Se trata de millones de dólares en perjuicio no solo al erario nacional sino a las economías de centenas de familias”, dice el Defensor en su comunicado.

En el caso contra Lazano y Angamarca, el Tribunal que los sentenció recomendó a los abogados que se acojan al convenio 169 de la OIT artículo 10 numeral dos. Ahí se señala que en caso de ser condenado uno de los pueblos o nacionalidades, el Tribunal debe plantear una medida alternativa que no sea la cárcel.

Pazmiño en cambio aboga por la amnistía, que es el perdón de la pena. “Por ahora, cabría la urgente amnistía para todas las lideresas y líderes comunitarios y sociales del Ecuador, más que por un debate político por la recuperación del equilibrio en la justicia”, señala en su comunicado.

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