30 de mayo de 2019 18:03

La Defensoría del Pueblo dice que la violencia en la Penitenciaria es por ‘inexistencia de una política gubernamental de seguridad’

La revuelta que se registró en la Penintenciaría del Litoral dejó seis muertos. Familiares de los privados de libertad permanecen en los exteriores del centro de rehabilitación. Foto: Mario Faustos / EL COMERCIO

La revuelta que se registró en la Penintenciaría del Litoral dejó seis muertos. Familiares de los privados de libertad permanecen en los exteriores del centro de rehabilitación. Foto: Mario Faustos / EL COMERCIO

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Redacción Seguridad

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Tras los hechos violentos registrados en la cárcel de Guayaquil, la Defensoría del Pueblo dijo que esto es consecuencia del “hacinamiento y la inexistencia de una política gubernamental de seguridad, que ha sido advertida con anterioridad por parte del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, de la Defensoría del Pueblo”.

Esa instancia ha recomendado una intervención integral en el sistema que permita atender las necesidades de la población carcelaria.

El artículo 673 del Código Orgánico Integral Penal señala la responsabilidad del Estado en garantizar los derechos de las personas privadas de la libertad, la cual incluye el deber de proteger la integridad física de toda persona privada de libertad.

Con estos antecedentes, la Defensoría del Pueblo, al amparo del artículo 215 numeral 4 de la Constitución exhorta e insiste en la necesidad de atender de “forma integral la problemática existente que agrava las condiciones de vida de los presos”.

Miembros de la Policía Nacional detienen a un hombre en los exteriores del recinto penitenciario. Foto: Mario Faustos / EL COMERCIO


También se pide garantizar la integridad de las personas privadas de libertad y de todos los que ingresen a los centros.

Promover estrategias que garanticen el cumplimiento de los protocolos de seguridad y el control de objetos o sustancias prohibidas dentro los lugares de privación de libertad, dentro del respeto de los derechos humanos de los detenidos y del personal de los centros.

También se solicita ejecutar y aplicar la normativa nacional e internacional que determina los estándares bajo los cuales deben funcionar las cárceles, así como garantizar el respeto de los derechos de los internos.

Asimismo, se pide garantizar que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional que intervengan en el marco del Decreto de Excepción, se ajuste al respeto de derechos humanos y uso progresivo de la fuerza.

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