Gina Benavides, Defensora del Pueblo, manifiesta como origen del problema de Gama TV, al desfinanciamiento provocado por su administración. Foto: Archivo / EL COMERCIO
La Defensoría del Pueblo se pronunció sobre la situación de los trabajadores de Gama TV. La mañana de hoy, lunes 2 de abril del 2019, hizo pedidos a la Presidencia de la República, al liquidador de la Compañía, a la Contraloría General, al IESS y al Ministerio de Trabajo para que se cancelen los sueldos y aportes pendientes.
En el documento firmado por Gina Benavides, Defensora del Pueblo, se manifiesta como origen del problema de Gama TV, al desfinanciamiento provocado por su administración.
Entre otros inconvenientes cita “la falta de cobro de servicios prestados por la retransmisión de los enlaces ciudadanos”. Para esto recurre al a un informe de la Contraloría en el que se señala que “no realizaron gestiones para el cobro de USD 6 631 839, 62 por la transmisión de 119 enlaces ciudadanos”.
Otro antecedente es que la Procuraduría General del Estado, en un oficio, establece que los pasivos de Secretaría Nacional de Comunicación (Secom) integran el Patrimonio de la Presidencia de la República. “Por lo tanto, a esta entidad le corresponden las obligaciones pendientes que han sido adquiridas por esa Secretaría”.
Con base esto, la Defensoría del Pueblo pide a la Presidencia de la República “realizar de forma inmediata los pagos de los valores adeudados por concepto de retransmisión de los enlaces ciudadanos emitidos durante el gobierno anterior”.
También pidió que remita a la Contraloría toda la información y evidencias que detallen las razones o motivos por las cuales no se han cancelado esos valores adeudados.
Al liquidador de la empresa, entre otras exigencias, le pide de manera inmediata “pagar a las y los trabajadores los valores adeudados por concepto de salarios y otras obligaciones laborales establecidas en la normativa jurídica vigente en el ordenamiento ecuatoriano”.
En lo que tiene que ver con el IESS, le plantea que se ejecuten las medidas administrativas más adecuadas para el cobro de obligaciones patronales pendientes. Mientras que al Ministerio de Trabajo le pide realizar inspecciones de trabajo necesarias para determinar la situación de las y los trabajadores de Gamavisión.