27 de junio de 2019 00:00

Defensoría del Pueblo exhorta a indagar ataques en Buenos Aires

Tras el ataque armado, los policías restringieron el acceso vehicular a Buenos Aires.

Tras el ataque armado, los policías restringieron el acceso vehicular a Buenos Aires. Foto: EL COMERCIO

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Redacción Seguridad
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Tres días después del enfrentamiento entre personas armadas en la zona minera de Buenos Aires, Imbabura, la Defensoría del Pueblo exhortó a las autoridades a investigar esos hechos.

La idea de la entidad es que se “identifique y detenga a los grupos que actúan al margen de la ley”. Según investigaciones, estas bandas delictivas se disputan el control y operación ilegal de las minas de oro, en esa zona del país.

Por eso, el domingo el Ejército y la Policía intervinieron la población. Hubo controles y se restringió el acceso vehicular. “Se debe mantener el orden, la seguridad y la tranquilidad de los habitantes de la parroquia La Merced, en Buenos Aires”, indicó la Defensoría en un comunicado publicado el pasado miércoles 26 de junio de 2019.

En este escrito, la entidad señaló que se mantendrán vigilantes de todas las acciones que implemente el Estado para controlar las actividades de los grupos armados.

La ministra del Interior, María Paula Romo, dijo que “ni en esta ni en otras zonas del país permitiremos que la minería ilegal nos gane la batalla”.

Autoridades del Ministerio de Energía confirmaron, en cambio, que los uniformados solo están en el centro del poblado y no en las minas, que están a dos horas de distancia.

Las autoridades de Imbabura confirmaron que se les dará un plazo para que personas extrañas abandonen el lugar.

Según las indagaciones existen 5 000 personas dedicadas a la minería ilegal en ese sitio.

El pasado 29 de mayo, decenas de trabajadores ya dejaron la zona, pero hay mineros que aún siguen trabajando.

La Defensoría del Pueblo aseguró que desde diciembre del 2017, en Buenos Aires existen “problemas de inseguridad, violaciones a los derechos humanos y de la naturaleza”. Además, esa institución alertó la falta de control del Estado para proteger a los pobladores.

Por eso, dijo que dará acompañamiento a los habitantes para que sus derechos no sean vulnerados.

Según el Gobernador de Imbabura, Galo Zamora, hay grupos armados que utilizan la fuerza y la extorsión para amedrentar a los moradores. Aseguró que hay problemas de lavado, prostitución y droga.

Tras el ataque armado, la Policía confirmó que hubo cuatro heridos que fueron traslados a casas de salud en Ibarra y Quito. Pero las Defensoría mencionó que hubo “decenas de heridos”, que fueron evacuados en una camioneta, escoltados por un patrullero del Grupo de Intervención y Rescate de la Policía.

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