En el centro de rehabilitación de Latacunga operan seis defensores públicos fijos. Ellos ya analizan varios casos. Foto: Archivo/EL COMERCIO
El Decreto 1440 ya provocó las primeras acciones judiciales. Ayer, 29 de mayo de 2017, defensores públicos que operan en Quito se reunieron y analizaron cómo asesorarán a todas aquellas personas que fueron indultadas por la anterior administración.
La semana pasada, un día antes de dejar el cargo, el exjefe de Estado firmó un documento que otorga beneficios a tres grupos de sentenciados: los condenados a penas menores a cinco años; las denominadas ‘mulas’ del narcotráfico; y a quienes tienen enfermedades catastróficas en etapa terminal.
La Defensoría Pública ya designó a 200 funcionarios para que visiten las cárceles del país y analicen todos los casos que podrían favorecerse del Decreto 1440. Ese número de defensores se sumará a los otros 20 que trabajan de forma fija en los centros de rehabilitación regional (Latacunga, Cuenca y Guayaquil).
Pero el documento también fija condiciones. Sobre el primer grupo, por ejemplo, se establece un año de perdón solo a los presos que fueron sentenciados por delitos de hasta cinco años y que ya cumplieron al menos el 30% de la pena. Además,no podrán beneficiarse del indulto quienes hayan cometido 27 tipos de delitos.
Allí aparecen los relacionados con las graves violaciones a los derechos humanos, contra el derecho internacional humanitario, la violencia contra la mujer, contra la libertad personal, contra la integridad sexual; extorsión, estafa, ocupación y uso ilegal de suelo o tráfico de tierras.
Funcionarios que trataron este tema confirmaron ayer que solamente en este primer grupo podría favorecerse a unos 3 000 detenidos.
Mientras que en el segundo grupo -en el que están las denominadas mulas de las droga– las autoridades aún estudian cuántos se beneficiarían.
Para ellos el indulto solo aplica si la pena no supera los cinco años de cárcel y si han cumplido, al menos, el 30% de esa sentencia. Para evitar confusiones, en el Decreto se precisa que las ‘mulas’ son aquellas personas que fueron detenidas mientras intentaban ingresar o salir del país con drogas en el interior de sus cuerpos.
El defensor Público, Ernesto Pazmiño, dijo ayer a este Diario que los funcionarios designados analizarán “caso por caso” para saber a ciencia cierta quiénes cumplen con las condiciones del Decreto 1440.
En el documento, el exjefe de Estado advierte que “las redes del narcotráfico se sirven de personas que se encuentran en estado de precariedad y necesidades económicas”. Y aclara que el tema de las drogas “es un fenómeno social, que genera fuerte preocupación y conmoción en el país”.
En el 2008, la Asamblea Constituyente de Montecristi ya indultó a las denominadas ‘mulas’. En ese entonces se señaló que se benefició a unas 1 200 personas sentenciadas.
Pazmiño recordó que de esos beneficiados menos del 1% reincidió en el delito. Por eso consideró que el nuevo indulto presidencial es positivo.
Hasta ayer, ningún sentenciado recobraba su libertad. Funcionarios de la cárcel de Latacunga comentaron que esperan “disposiciones del Ministerio de Justicia” para saber cómo actuar. Esa Secretaría de Estado es la que debe tramitar el indulto y enviarlo a los complejos carcelarios donde se encuentran los detenidos, y así ordenar su libertad.
La Defensoría Pública espera asesorar al 100% de los indultados, tomando en cuenta que la mayoría de beneficiarios cumple penas por delitos menores y no tiene recursos para pagar abogados particulares. Para hoy, de hecho, está previsto que Pazmiño se reúna con la actual ministra de Justicia, Rosana Alvarado, y estudiar los detalles del Decreto.
En el tercer grupo aparecen las personas con enfermedades catastróficas en etapa terminal. De ellos también habrá un análisis “caso por caso” para saber el número de favorecidos.